La causa por las amenazas denunciadas por jóvenes vinculados al caso de la muerte de una nutria en Bahía Blanca sumó un nuevo capítulo judicial con dos allanamientos realizados en las últimas horas. Los procedimientos se concretaron en Huanguelén y Bahía Blanca, a partir de una denuncia presentada por Juan Bautista Bravo, de 18 años, quien afirmó haber recibido mensajes intimidatorios mediante Instagram.
Según la denuncia, uno de los mensajes contenía la fotografía de un arma de fuego junto a una imagen de Bravo y una advertencia relacionada con la posibilidad de concurrir a Huanguelén para efectuar disparos contra la vivienda de los jóvenes. El episodio quedó incorporado a una investigación específica por amenazas, luego de que la difusión del video de la muerte del coipo generara una fuerte reacción pública.
Bravo señaló como sospechoso a Alonso Segundo Christiani, de 20 años, a quien vinculó con la cuenta de Instagram desde la cual se habrían enviado las intimidaciones. La investigación apunta ahora a establecer si efectivamente existe una relación entre el joven señalado y el perfil utilizado para emitir los mensajes, además de determinar quién estuvo detrás de las amenazas y cuál fue su alcance dentro del expediente.
A partir de las tareas realizadas por los investigadores, la Justicia autorizó dos órdenes de allanamiento. El primero se efectuó en una vivienda de la calle 2 entre 32 y 34, en Huanguelén.
El resultado fue negativo: no se hallaron armas de fuego ni teléfonos celulares y tampoco se encontraba allí Christiani. Durante el operativo fueron identificados los moradores del inmueble allanado en la causa.
El segundo procedimiento se concretó en Gorriti 160, tercer piso, de Bahía Blanca, con intervención de efectivos de la Comisaría Segunda. En este domicilio la medida tuvo resultado positivo, ya que los investigadores secuestraron un teléfono celular iPhone 16 que pertenecería a Alonso Christiani Segundo. El dispositivo quedó a disposición judicial para las pericias destinadas a esclarecer el hecho.
El análisis del teléfono será ahora una de las medidas centrales de la investigación. Los peritos deberán establecer si el dispositivo contiene información que permita identificar el origen de los mensajes, determinar desde qué cuenta fueron enviados y reconstruir eventuales comunicaciones vinculadas con las intimidaciones. La pesquisa también buscará establecer si existió participación de otras personas en los hechos.
Las amenazas constituyen un nuevo frente judicial derivado de un caso que había adquirido gran repercusión luego de que se viralizara el video en el que dos jóvenes oriundos de Huanguelén aparecen agrediendo hasta matar a un coipo en Bahía Blanca. La investigación por maltrato animal ya había incluido allanamientos y peritajes de teléfonos, mientras la Justicia también recibió denuncias por miles de mensajes intimidatorios.
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