En Argentina, la pregunta sobre si el Estado combate, controla o simplemente convive con el narcotráfico no admite una respuesta de una sola palabra. Hay operativos, decomisos, investigaciones y nuevas herramientas legales que muestran una ofensiva real. Pero también persisten redes capaces de mover grandes cantidades de droga, lavar dinero y adaptarse a los controles. El problema, entonces, no es si existe acción, sino cuánto logra modificarla.
Los números permiten evitar tanto el triunfalismo como el negacionismo. Un informe de la Fundación FININT citado por Infobae contabilizó 14.946 kilos de cocaína secuestrados entre enero de 2024 y junio de 2026, en 44 grandes operativos. El dato demuestra capacidad de interdicción, pero un decomiso no equivale a desarticular una organización: la verdadera medida está en llegar a quienes financian, coordinan y lavan las ganancias.
Hubo además un cambio institucional. En 2025 se sancionó la Ley 27.786, destinada a investigar y sancionar organizaciones criminales y aplicable, entre otros delitos, al tráfico de estupefacientes. La norma amplió herramientas para perseguir estructuras y no solo eslabones menores. El desafío ahora es comprobar en tribunales que esas herramientas se traduzcan en investigaciones sólidas, condenas firmes y pérdida del poder económico de las bandas.
El trabajo de la Justicia muestra que esa persecución existe. La PROCUNAR informó sobre investigaciones complejas, asistencia a fiscalías nacionales; cooperación internacional y casos vinculados con corrupción asociada al tráfico de drogas. La mirada es central: detener a un transportista puede retirar una pieza del circuito, pero atacar al narcotráfico exige reconstruir la organización, sus vínculos, su financiamiento y sus mecanismos de protección.
Sin embargo, combatir la oferta no alcanza para resolver el problema. El Estado reconoce otra dimensión: prevención, atención, tratamiento y reinserción de personas con consumo. En 2025 se aprobó un programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y en 2026 se creó el programa piloto Aliados, orientado a favorecer la inclusión sociolaboral de personas en etapas avanzadas de recuperación. La respuesta, por lo tanto, también debe ser sanitaria y social.
Entonces, ¿se combate o se controla? Probablemente ambas cosas, aunque de forma incompleta. Se combate cuando se secuestran cargamentos, se investigan organizaciones y se persigue el dinero; se controla cuando el Estado logra impedir que una parte del mercado criminal avance, pero no consigue eliminarlo. Decir que no se hace nada sería ignorar datos concretos. Afirmar que el narcotráfico está derrotado sería desconocer su capacidad de adaptación.
El indicador debería ir más allá de una foto de toneladas incautadas. Importa saber cuántas estructuras fueron desarticuladas, cuánto dinero fue recuperado, cuántas investigaciones terminaron en condenas y cuánto se redujo su capacidad para reclutar, corromper y distribuir. También importa prevenir nuevos consumos y sostener a quienes buscan recuperarse. Sin esa mirada integral, el combate puede convertirse en una sucesión de operativos.
Argentina no parece estar ante una ausencia absoluta del Estado, ni ante una victoria definitiva sobre el narcotráfico. Hay una política de persecución que se intensificó, herramientas legales nuevas y resultados operativos visibles. A la vez, la persistencia del negocio obliga a medir la eficacia más allá de los decomisos. La discusión seria debería abandonar el blanco o negro: combatir, controlar y prevenir son partes de una misma batalla.
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