La crisis financiera y prestacional de IOMA comienza a convertirse en un problema cada vez más difícil de absorber para los municipios bonaerenses. Hospitales comunales y prestadores reclaman por demoras en los pagos y valores que, según distintas autoridades, quedaron por debajo de los costos reales. El impacto es particularmente sensible en el interior, donde los hospitales municipales cumplen un papel sanitario que excede largamente a sus afiliados.
El diputado provincial Andrés De Leo advirtió que la situación genera preocupación entre intendentes de distintos espacios políticos. Según explicó, las dificultades para sostener los hospitales municipales ya aparecen vinculadas con los atrasos de IOMA y con la falta de actualización de los aranceles. El planteo adquiere especial gravedad porque los municipios deben garantizar la atención aun cuando los recursos provenientes de la obra social llegan tarde o resultan insuficientes.
El problema, de acuerdo con el legislador, no se limita a una cuestión de plazos. Los prestadores también enfrentan una brecha entre lo que cuesta brindar una determinada práctica y lo que finalmente reconoce IOMA. Esa diferencia obliga a los establecimientos a financiar parte de la atención con recursos propios, una situación especialmente compleja para los hospitales municipales, que no pueden suspender fácilmente la asistencia a sus pacientes.
Los reclamos no son exclusivamente políticos. En los últimos meses, distintos concejos deliberantes bonaerenses dejaron asentada su preocupación por la situación del organismo. En Bahía Blanca, por ejemplo, una resolución aprobada en julio mencionó conflictos reiterados entre IOMA y entidades prestadoras, vinculados con demoras en los pagos, diferencias arancelarias, falta de actualización de valores y dificultades en los mecanismos de contratación y autorización.
También en Brandsen el Concejo Deliberante manifestó preocupación por las denuncias de afiliados, profesionales, prestadores e instituciones respecto de demoras, recortes, suspensiones y problemas en la atención. El pronunciamiento reclamó medidas para garantizar el pago en tiempo y forma a establecimientos y profesionales. El dato revela que el malestar excede a la oposición y alcanza a municipios gobernados por distintos sectores políticos.
La dimensión económica del conflicto puede observarse además en otros establecimientos sanitarios. En mayo, autoridades de hospitales SAMIC reclamaron por una deuda de la Provincia que, según informó el Gobierno nacional, ascendía a $630.635 millones. Aunque ese pasivo corresponde al financiamiento provincial de esos hospitales y no exclusivamente a IOMA, constituye otro indicador de las tensiones financieras que atraviesan al sistema sanitario bonaerense.
En paralelo, IOMA sostiene una estructura de atención que alcanza a más de dos millones de afiliados entre trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares. El organismo dispone de herramientas específicas para hospitales municipales, círculos médicos y otros prestadores, además de sistemas destinados a la facturación y consulta de pagos. La magnitud de esa red explica por qué cualquier demora financiera puede trasladarse rápidamente al funcionamiento cotidiano del sistema.
Para los municipios, el dilema es especialmente complejo: deben sostener guardias, profesionales, insumos y servicios hospitalarios, pero al mismo tiempo afrontar gastos que deberían ser compensados por las prestaciones brindadas a los afiliados de la obra social. Si los pagos se retrasan o los aranceles no acompañan los costos, el déficit termina impactando sobre presupuestos municipales que ya enfrentan múltiples obligaciones.
La discusión política también alcanza al gobernador Axel Kicillof y a la conducción de IOMA. De Leo cuestionó la respuesta oficial y reclamó reconocer la existencia de una situación extraordinaria. Desde el oficialismo, en cambio, la administración provincial sostiene su propia lectura sobre las dificultades financieras y el contexto económico. Mientras continúa la disputa, los intendentes quedan en el centro de una crisis que amenaza con profundizar las tensiones sobre la salud pública.
El escenario plantea una pregunta que va más allá de las diferencias partidarias: ¿quién termina pagando cuando IOMA demora o no cubre adecuadamente una prestación? Para los municipios, la respuesta suele ser el presupuesto local. Y cuando ese mecanismo se repite, el problema deja de ser exclusivamente financiero para transformarse en sanitario. La advertencia de los intendentes apunta justamente allí: sin recursos suficientes, sostener hospitales resulta cada vez más difícil.
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