¿Y ahora quién podrá defendernos? La pregunta, inspirada en la clásica frase del Chapulín Colorado, adquiere una inquietante actualidad frente al panorama que atraviesa la Policía Bonaerense. La pérdida de efectivos, las dificultades para incorporar nuevos agentes y el deterioro del poder adquisitivo configuran una combinación que preocupa a funcionarios, intendentes y a la propia estructura de seguridad provincial.
Según la ONG Defensoría Policial, durante 2023 se registraron 260 bajas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires; en 2024 fueron 715 y en 2025 llegaron a 1.130. La entidad sostiene que hasta junio de 2026 ya se contabilizaban 1.475 renuncias. Se trata de una estimación no oficial, pero la secuencia expone una tendencia que, de confirmarse, resulta preocupante para las autoridades y para los municipios que dependen de la fuerza.
El problema salarial aparece como uno de los principales factores detrás del éxodo. Las escalas oficiales muestran que desde abril de 2026 el sueldo básico de un Oficial de Policía era de $865.707,57, mientras que un Oficial Ayudante alcanzaba $873.621,04. A esos valores se agregan bonificaciones y adicionales, pero el cuadro revela una estructura salarial que continúa bajo presión frente al costo de vida.
En julio de 2026 la Provincia anunció una nueva actualización del 7% para las fuerzas de seguridad, dividida en dos tramos: 5% correspondiente a julio y 2% a agosto, calculados sobre los haberes de junio. La medida busca recomponer los ingresos en un contexto de reclamos. Sin embargo, el debate de fondo continúa: para muchos agentes, la actividad privada ofrece mejores ingresos y condiciones menos exigentes.
El atractivo de las empresas de seguridad privada y de otras alternativas laborales se suma a la posibilidad de realizar actividades complementarias. El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reconoció recientemente que los salarios en Argentina son muy bajos y habló de las dificultades económicas de los efectivos. La necesidad de generar ingresos adicionales suma presión sobre una fuerza que necesita conservar y atraer personal.
La crisis no se limita al bolsillo. También existe preocupación por el desgaste psicológico y las condiciones laborales de los agentes. En 2024, según datos del Ministerio de Seguridad citados en un pedido de informes legislativo, 37 policías bonaerenses murieron por suicidio, frente a ocho fallecidos en actos de servicio. En mayo de 2026, el senador Pablo Petrecca pidió conocer el estado de la salud mental dentro de la fuerza.
El déficit de personal también impacta sobre los municipios, que necesitan efectivos para patrullar y responder a las demandas de seguridad. Algunos intendentes vienen reclamando mayor participación en las decisiones sobre las fuerzas que actúan en sus distritos, mientras advierten que la disponibilidad de agentes resulta cada vez más limitada. La discusión, entonces, excede los salarios y alcanza directamente a la prevención del delito.
El Gobierno bonaerense intenta responder con aumentos y nuevas escalas, pero la discusión sobre la retención de personal sigue abierta. Una Policía que pierde efectivos y no logra incorporar suficientes agentes enfrenta un desafío que no se resuelve solamente con patrulleros o tecnología. Si el salario, la salud mental y las condiciones de trabajo no mejoran, la pregunta seguirá flotando: ¿y ahora quién podrá defendernos?
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