La muerte del oficial Alan Molina, un joven de 26 años oriundo de Tres Arroyos asesinado durante un operativo en Fuerte Apache, volvió a poner en el centro de la escena una discusión que desde hace años sostienen intendentes del interior bonaerense. El caso no solo provocó conmoción en la comunidad tresarroyense, sino que reabrió el debate sobre la política de asignación de destinos para los egresados de la Escuela de Policía Juan Vucetich.
Molina había egresado este año de la fuerza y prestaba servicios en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en el partido de Tres de Febrero. Durante un procedimiento preventivo fue atacado a balazos por sospechosos que intentaron escapar de un control policial. El crimen derivó en una amplia investigación judicial y generó fuertes cuestionamientos sobre el envío de efectivos con escasa experiencia a algunos de los sectores más complejos del Conurbano bonaerense.
Tras conocerse el hecho, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, expresó su acompañamiento a la familia del oficial y renovó un reclamo que viene planteando desde hace tiempo: que los policías formados en las sedes del interior puedan desempeñarse en sus ciudades de origen. El jefe comunal sostuvo que la demanda responde tanto a una necesidad de seguridad local como al arraigo de los propios agentes y sus familias.
El planteo encontró respaldo en otro signo político. El intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade, coincidió en que numerosos jóvenes formados con apoyo logístico y económico de los municipios terminan destinados al Conurbano. Según explicó, esa situación reduce la dotación policial en los distritos del interior y desincentiva a nuevos aspirantes, que deben afrontar elevados costos de traslado durante su formación.
La discusión también llegó a la Legislatura bonaerense. El diputado Maximiliano Bondarenko cuestionó que agentes con apenas unos meses de experiencia sean enviados a barrios considerados de alta conflictividad y reclamó un plan integral que combine capacitación, organización y mejores criterios para la distribución del personal. El planteo volvió a instalar interrogantes sobre el equilibrio entre las necesidades del Conurbano y las demandas de seguridad del interior provincial.
El reclamo no es nuevo. En los últimos años varios municipios denunciaron que, pese a colaborar con la formación de cadetes mediante infraestructura, transporte y asistencia, los efectivos egresados rara vez regresan a prestar servicio en sus comunidades. Incluso, Pergamino decidió cerrar su escuela descentralizada de policía al sostener que, tras varias promociones, la Provincia no asignó nuevos agentes al distrito.
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