La bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto que propone cobrar por la atención en hospitales públicos y por los estudios universitarios de grado a los extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país. La iniciativa fue impulsada por el diputado Agustín Romo y cuenta con el respaldo de casi toda la bancada libertaria, además del acompañamiento del legislador del PRO Guillermo Montenegro.
La propuesta surgió en medio de la controversia desatada en redes sociales tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial, donde se multiplicaron críticas hacia el país y acusaciones de racismo. Romo vinculó directamente el proyecto con ese contexto y sostuvo que “muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian”, argumentando que el Estado no debería seguir financiando servicios para quienes, según afirmó, desprecian al país.
En sus publicaciones, el legislador defendió la educación pública y gratuita exclusivamente para los argentinos y planteó que los extranjeros sin residencia permanente deberían afrontar el costo de sus estudios. Sin embargo, especialistas universitarios han señalado en otras oportunidades que el requisito del DNI y la residencia permanente ya forma parte del proceso de inscripción en la mayoría de las universidades nacionales, por lo que la medida podría tener un alcance limitado.
Dentro de la provincia de Buenos Aires, el proyecto alcanzaría especialmente a las dos universidades provinciales: la Universidad Provincial del Sudoeste, con sede en Bahía Blanca, y la Universidad Provincial de Ezeiza. No obstante, el texto no aclara cómo impactaría sobre el programa Puentes, mediante el cual el Gobierno bonaerense acerca carreras universitarias a decenas de municipios del interior en convenio con distintas instituciones.
En materia sanitaria, la iniciativa establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones mediante un seguro de salud o un tercero responsable. No obstante, deja expresamente garantizada la atención inmediata en todas las emergencias que impliquen riesgo de vida, disponiendo que cualquier recupero económico solo podrá gestionarse una vez estabilizado el paciente.
El proyecto también contempla excepciones para las víctimas de trata de personas y para todas las campañas de vacunación y tratamientos vinculados con enfermedades transmisibles, priorizando criterios de salud pública. Además, obliga al Ministerio de Salud y a las universidades alcanzadas a publicar anualmente estadísticas sobre prestaciones, estudiantes, montos facturados, ingresos percibidos, exenciones y destino de los recursos, preservando la identidad de las personas.
En los fundamentos de la iniciativa, Romo sostiene que los recursos públicos son limitados y deben destinarse prioritariamente a los bonaerenses. En declaraciones difundidas por la agencia DIB, afirmó que mientras existan argentinos con dificultades para acceder plenamente a la salud y la educación, resulta injustificado financiar esos servicios para extranjeros que no poseen residencia permanente en el país.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba, respaldó el proyecto al señalar que busca optimizar el uso de los recursos públicos provinciales y priorizar a quienes contribuyen diariamente con sus impuestos en Buenos Aires. La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido legislativo, donde se anticipa un intenso debate político y jurídico sobre el alcance de los derechos a la salud y a la educación pública para los ciudadanos extranjeros.
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