Crecen los paros docentes convocados por gremios sin personería y se reabre el debate sobre su legalidad. Las medidas de fuerza impulsadas por organizaciones docentes sin personería gremial vuelven a generar polémica en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.
En ciudades como La Plata, los paros convocados por sectores de SUTEBA Multicolor y por la recientemente creada Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires provocan interrupciones en la actividad escolar y reavivan la discusión sobre su encuadre legal.
La nueva organización gremial cuenta con inscripción sindical otorgada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, pero no posee personería gremial. Desde la Dirección General de Cultura y Educación sostienen que esta situación no le otorga facultades para convocar huelgas de alcance provincial, por lo que las inasistencias derivadas de estas medidas podrían ser consideradas injustificadas.
El debate, sin embargo, no es sencillo. La Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga y distintos fallos judiciales han reconocido que asociaciones sindicales formalmente constituidas, aun sin personería gremial, pueden impulsar medidas de fuerza. Esta interpretación mantiene abierta una “zona gris” jurídica sobre la validez de algunas convocatorias.
Mientras tanto, las reiteradas jornadas de paro generan preocupación entre familias y comunidades educativas por la pérdida de días de clase. En algunos casos, esta situación impulsa el traslado de alumnos hacia establecimientos de gestión privada, donde las medidas de fuerza son prácticamente inexistentes.
La Asociación de Maestrxs convocó para esta semana una jornada de protesta y un paro provincial reclamando la reapertura de las negociaciones salariales, una actualización mensual de los haberes y mejoras en las condiciones laborales.
Su secretario general, Claudio Vigne, defendió la legitimidad de las convocatorias y aseguró que la organización posee los mismos derechos sindicales que otras entidades docentes. Desde el gremio sostienen que sus medidas cuentan con respaldo legal debido al reconocimiento formal obtenido ante las autoridades laborales.
Más allá de las diferentes interpretaciones jurídicas, el escenario vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: cómo compatibilizar el legítimo reclamo salarial de los docentes con la necesidad de garantizar la continuidad educativa de miles de estudiantes bonaerenses.
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