La historia argentina reciente parece atrapada en un bucle de resignación y cinismo colectivo. Uno de los síntomas más alarmantes de esta degradación cultural es la naturalización —y, en el peor de los casos, la justificación— de la corrupción estructural en las esferas del poder. Existe una postura, enquistada en una parte considerable de la sociedad, que opera bajo una lógica perversa: relativizar el robo indiscriminado de los políticos y funcionarios de turno argumentando que “los anteriores también lo hicieron” o que, al menos, “estos roban pero hacen”.
Esta condescendencia moral no solo es cómplice del saqueo de las arcas públicas, sino que traza una frontera de profunda injusticia frente a otra realidad paralela: la de millones de argentinos sumergidos en la miseria, empujados a los márgenes del sistema y juzgados con una vara implacable. Es imperativo revisar de manera urgente esta postura social si se aspira a romper el ciclo de decadencia.
La doble vara: Impunidad arriba, castigo abajo
El núcleo de la tragedia social argentina radica en la asimetría con la que opera la justicia y la propia opinión pública. Mientras los delitos de guante blanco y la malversación de fondos públicos a gran escala se diluyen en laberintos procesales eternos, chicanas políticas y una indignante impunidad, el ciudadano común enfrenta una realidad diametralmente opuesta.
Millones de argentinos son empujados diariamente por debajo de la línea de la pobreza, muchas veces como consecuencia directa de las políticas socioeconómicas diseñadas por el mismo poder de turno. Cuando el hambre apremia y el Estado se retira, la desesperación por cubrir las necesidades básicas (comida, salud, techo) se convierte en el único motor de supervivencia.
Lo paradójico —y doloroso— es que la misma sociedad que se encoge de hombros ante el desfalco de un funcionario, suele exigir el máximo rigor de la ley cuando el infractor es un eslabón vulnerable de la cadena social. La justicia se vuelve entonces arbitraria y selectiva: castiga con celeridad la marginalidad que el propio sistema generó, mientras convalida, por acción u omisión, el saqueo institucionalizado.
El peligro del conformismo retrospectivo
Justificar el presente en función de los errores del pasado es una falacia analítica y un suicidio ético. Decir que un gobernante actual tiene “derecho” a corromperse porque sus antecesores lo hicieron es vaciar de contenido la democracia. Esta postura genera consecuencias devastadoras:
Anula la rendición de cuentas: Si el estándar de comparación es siempre el peor ejemplo del pasado, la vara de la exigencia pública cae al subsuelo.
Destruye el pacto social: Se normaliza la idea de que el Estado no es una herramienta de bienestar común, sino un botín de guerra para el que gana las elecciones.
Perpetúa la pobreza: Cada peso que se desvía hacia los bolsillos de la corrupción es un peso menos para infraestructura, educación, salud y generación de empleo genuino. La corrupción no es un delito sin víctimas; sus víctimas son, precisamente, quienes hoy no tienen para comer.
Una revisión urgente de nuestra postura colectiva
Para salir de este laberinto, la sociedad argentina debe dejar de comportarse como una hinchada de fútbol que perdona los “goles en contra” de su propio equipo político. La corrupción no tiene ideología, ni el robo se vuelve legítimo según el color partidario de quien lo ejecute.
No se puede seguir tolerando que el hilo se corte siempre por lo más delgado. Exigir honestidad a los gobernantes no es una utopía biempensante; es una necesidad de supervivencia económica y social. Al mismo tiempo, comprender el contexto de quienes delinquen por extrema necesidad no implica promover la ilegalidad, sino señalar que la verdadera justicia debe empezar por sanar las causas estructurales que el poder político ha dañado.
Finalmente …
Romper la complicidad del silencio y la justificación retrospectiva es el primer paso hacia una Argentina viable. Mientras se siga perdonando al poderoso bajo el pretexto del “ah pero antes”, se seguirá condenando a las mayorías a una miseria programada y a una justicia que solo persigue a los descalzos. Es hora de entender que la decadencia no es un destino inevitable, sino el resultado de lo que, como sociedad, decidimos tolerar.
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