La denuncia impulsada por el pediatra Néstor Nasello en el distrito de Azul, vuelve a encender una alarma que, lejos de ser aislada, expone una problemática estructural en buena parte del territorio bonaerense: la presencia de arsénico en el agua de consumo. El profesional calificó la situación como “un estrago”, al advertir que los niveles detectados superan ampliamente los límites recomendados para el consumo humano.
La gravedad del planteo no radica únicamente en los valores registrados, sino en la falta de respuestas sostenidas y en la potencial extensión del problema hacia otras localidades cercanas. La contaminación por arsénico en aguas subterráneas no es nueva en la provincia de Buenos Aires. Forma parte de un fenómeno conocido como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), que afecta a amplias zonas de la llanura pampeana debido a características geológicas naturales.
En muchos distritos del centro y sudoeste bonaerense, el abastecimiento de agua depende de perforaciones que captan napas subterráneas. Allí, la presencia de arsénico puede ser variable, pero en numerosos casos supera el valor guía establecido por la Organización Mundial de la Salud, fijado en 10 microgramos por litro. Uno de los aspectos más preocupantes es que la exposición al arsénico no genera efectos inmediatos visibles, sino que actúa de manera acumulativa.
Su consumo prolongado puede derivar en enfermedades dermatológicas, afecciones cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. El hecho de que la denuncia provenga de un pediatra refuerza la preocupación: los niños constituyen uno de los grupos más vulnerables. La ingesta de agua contaminada en edades tempranas puede condicionar su desarrollo y generar consecuencias a largo plazo.
La advertencia de Nasello no solo apunta al intendente. Por el contrario, abre un interrogante que inquieta a toda la región: ¿qué ocurre en las localidades cercanas? Distritos como Olavarría, Benito Juárez, Coronel Suárez o incluso sectores rurales de Bahía Blanca comparten características hidrogeológicas similares. Esto implica que el riesgo de presencia de arsénico en el agua no puede descartarse sin estudios sistemáticos y actualizados.
En muchas de estas localidades, el acceso a plantas de tratamiento o sistemas de ósmosis inversa es limitado o directamente inexistente en zonas rurales, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población. Uno de los puntos más críticos que deja al descubierto esta denuncia es la debilidad en los sistemas de monitoreo y control. Si bien existen normativas, su aplicación suele ser desigual, y los controles periódicos no siempre son públicos ni accesibles para la comunidad.
A esto se suma la dificultad económica de implementar soluciones estructurales. La remoción de arsénico del agua requiere inversiones significativas en infraestructura, mantenimiento y energía, lo que muchas veces excede las capacidades de pequeños municipios. El caso de Sombra no debería leerse como un hecho aislado, sino como un síntoma de un problema mayor. La calidad del agua, un recurso esencial, sigue siendo una deuda pendiente en amplias zonas del interior bonaerense.
La situación plantea la necesidad de políticas públicas coordinadas a nivel provincial y nacional, con monitoreos transparentes, acceso a tecnologías de tratamiento y campañas de concientización que permitan a la población conocer qué está consumiendo. Mientras tanto, la advertencia ya está planteada: lo que hoy se denuncia en un paraje rural podría estar ocurriendo, en mayor o menor medida, en muchas otras comunidades cercanas. Y en este caso, la distancia geográfica no necesariamente implica estar a salvo.
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