Intendentes de todo el país alertan por una posible “catástrofe social” y reclaman medidas urgentes. La Federación Argentina de Municipios advirtió sobre un escenario crítico y pidió respuestas inmediatas al Gobierno nacional. La creciente tensión económica y social en la Argentina encendió una señal de alarma en los gobiernos locales.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a intendentes e intendentas de todo el país, elevó una carta al Ministerio de Economía en la que describe un escenario “de alta complejidad” y advierte sobre el riesgo de una “verdadera catástrofe social” si no se adoptan medidas urgentes.
En el documento, dirigido al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, los jefes comunales trazan un diagnóstico crítico sobre la situación fiscal, productiva y social que atraviesan los distritos, en un contexto de caída de recursos, aumento de costos y creciente demanda de asistencia.
Los intendentes definieron a los municipios como “el primer mostrador de la democracia”, donde el impacto de las variables macroeconómicas se traduce en problemas concretos: caída del consumo, dificultades en la producción, mayor presión sobre los sistemas de salud y asistencia social, y complicaciones en el acceso al transporte.
En ese marco, advirtieron que la situación fiscal se deterioró en los últimos meses. Según detallaron, la coparticipación federal registró una caída del 11% en el primer trimestre del año, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde 2024. A esto se suma la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas de servicios públicos, que afectan tanto a las familias como a las finanzas municipales.
El documento también pone el foco en la administración de fondos nacionales. En particular, señala que el Estado recaudó 3,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles hasta fines de marzo, sin que esos recursos se destinen a obras viales ni a mitigar el precio del combustible. Asimismo, los intendentes advirtieron sobre la falta de transferencias para el sistema de transporte, lo que agrava la situación de un servicio esencial en numerosas ciudades del país.
En el plano económico, la FAM alertó por el cierre de más de 22.000 empresas en todo el territorio nacional, con fuerte impacto en las economías regionales. La suba de tarifas, remarcaron, encarece los costos de producción y retrae el consumo. A esto se suma la desaparición de herramientas de apoyo para pymes y emprendedores, lo que debilita el entramado productivo local.
También se destacó la fuerte caída de la actividad turística, que atraviesa una de las peores temporadas de las últimas dos décadas. Uno de los puntos más sensibles del informe es el social. Según indicaron, la demanda de alimentos y asistencia creció un 100%, en un contexto en el que —denunciaron— no hubo envíos de ayuda alimentaria por parte del Gobierno nacional.
Además, advirtieron sobre las dificultades de los jubilados para acceder a medicamentos básicos y el deterioro en la cobertura de personas con discapacidad, que en algunos casos perdieron pensiones o asistencia para tratamientos. “La presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”, señalaron, describiendo un deterioro generalizado en las condiciones de vida de trabajadores y familias.
Frente a este panorama, los intendentes plantearon una serie de medidas urgentes. Entre ellas: revisión del esquema de coparticipación federal, normalización en el envío de fondos nacionales, restitución o compensación de subsidios eliminados, garantía en la entrega de alimentos, compensaciones para el transporte público ante el aumento del gasoil.
Y, además, reactivación de políticas de apoyo a la industria, pymes y economías regionales. También reclamaron mejoras en el acceso a medicamentos para jubilados, el fortalecimiento de políticas destinadas a personas con discapacidad y mayor transparencia en la distribución de recursos estratégicos.
Como propuesta central, la FAM solicitó la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía, con el objetivo de coordinar respuestas ante la crisis. “Se vuelve imprescindible avanzar en una agenda común que permita sostener el funcionamiento de los gobiernos locales y garantizar condiciones mínimas de bienestar”, concluye el documento.
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