Decisión del intendente de Coronel Suárez tras un control de alcoholemia genera fuerte repercusión en medios regionales y provinciales y plantea cambios en la política local de seguridad vial. La reciente decisión del intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, de pedir la separación del cargo del teniente Martín Guevara, titular de la Comisaría 3ª de Pueblo San José, tras un operativo de control de alcoholemia, generó un fuerte debate en diversos medios provinciales y regionales y reavivó la discusión sobre los criterios y futuro de los controles de alcoholemia en el distrito.
El hecho que desató la polémica
El conflicto se originó luego de un operativo de tránsito realizado al término de una jineteada organizada por el Club El Progreso en Pueblo Santa María, donde personal policial detuvo y realizó test de alcoholemia a los conductores que abandonaban el predio. Según diversas crónicas, unas 200 personas habrían sido sometidas a la prueba, aunque sin resultados positivos registrados públicamente. Al ser consultado, el intendente Moccero calificó el control como “ridículo” y un “atropello”, expresó su respaldo a la comunidad y a la organización del evento, y sostuvo que solicitó al Ministerio de Seguridad la remoción de Guevara de su cargo. “La autoridad máxima del distrito soy yo”, afirmó, según publicó El Orden de Pringles y replicaron otros medios regionales.
Repercusiones en medios provinciales
La noticia fue ampliamente reflejada por portales como El Orden de Pringles, Ecos de la Ciudad y DIB, que destacaron la postura crítica de Moccero y la tensión política generada entre el Ejecutivo municipal y la Policía Bonaerense. En la región del sudoeste bonaerense, distintos articulistas y comentaristas abordaron el tema desde ángulos opuestos: Algunos medios defendieron el reclamo de los vecinos y el respaldo del intendente a las actividades tradicionales del distrito, subrayando la molestia social expresada tras el operativo.
Otros, en cambio, criticaron la intervención política en decisiones de seguridad y la sanción a un jefe policial por hacer cumplir la normativa de tránsito vigente, destacando el valor de los controles como herramienta de prevención vial. Además, entrevistas con referentes sociales, como el presidente del Club El Progreso, Gustavo Di Battista, aparecieron en medios locales calificando el operativo como una “emboscada” hacia los asistentes, lo cual alimentó aún más la discusión pública.
Directivas futuras y controles
Más allá de la controversia, uno de los puntos que mayor repercusión generó fue la declaración del propio Moccero sobre cómo se deberán aplicar los controles de alcoholemia en el futuro: el mandatario sostuvo que los controles deberán concentrarse en horarios de alta circulación nocturna, especialmente después de las 3:30 o 4:00 de la mañana, sugiriendo que las pruebas no se realicen en eventos sociales cuando la mayoría de los concurrentes regresen en horarios tempranos de la noche.
Esta postura fue interpretada por analistas de seguridad vial como un cambio significativo en la práctica local, que podría limitar la presencia de la Policía en controles preventivos durante eventos culturales y festivos tradicionalmente convocantes en el distrito, con el argumento de evitar conflictos sociales. Otros medios, por su parte, advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar controles en horarios de mayor incidencia de siniestros asociados al alcohol al volante, recordando que en todo el país rige la Ley 27.714 de Alcohol Cero al volante, que prohíbe la conducción bajo cualquier nivel de alcohol en sangre.
Debate público y perspectivas
La repercusión de la decisión municipal trascendió el ámbito local y se convirtió en tema de análisis en secciones de política y sociedad de diarios provinciales. La discusión se centra en equilibrar la convivencia con las tradiciones culturales del interior bonaerense y la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad vial y la aplicación uniforme de la ley.
En este contexto, fuentes vinculadas a la seguridad vial remarcan que los controles de alcoholemia han sido una herramienta clave para reducir siniestros y salvar vidas, y que cualquier modificación en su implementación debería basarse en criterios técnicos y no exclusivamente políticos. La expectativa es que en las próximas semanas se concrete una reunión entre representantes municipales, policiales y autoridades provinciales para definir pautas claras que eviten nuevas controversias y aseguren tanto la seguridad de los vecinos como el respeto por las normativas vigentes.
