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Reforma laboral: presentaron el nuevo modelo de “salario según rendimiento”

El gobierno de Javier Milei, a través del Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (STESS) representada por su titular Julio Cordero, presentó este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación los lineamientos de una reforma laboral que forma parte del proyecto del Presupuesto 2026.

Los ejes principales incluyen:

Un salario dinámico, es decir que la remuneración del trabajador quedaría en parte vinculada a su rendimiento o productividad individual, en lugar de seguir exclusivamente los incrementos generales de los convenios colectivos. La posibilidad de avanzar con convenios por empresa (es decir que cada empresa negocie con su sindicato interno) en lugar de depender únicamente de convenios por actividad, para flexibilizar la adaptación según cada firma y región.

La eliminación o reducción de sanciones administrativas o multas para empresas que incumplan algunas obligaciones laborales, con el argumento oficial de que las multas “iban al Estado, no al trabajador” y que así se reduciría la informalidad. Un fuerte énfasis en la formalización del trabajo, la protección del sector privado y la “dinámica” distinta en un contexto de inflación más controlada, según Cordero.

Motivación oficial

Según Cordero, el modelo actual presenta “un déficit que tenemos hace tiempo” porque “tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar”. En ese marco, afirmó que el trabajo no es “un elemento más de la sociedad”, sino central en la dimensión económica y social. Por ello, planteó que “los salarios reales deben ser superiores a los de convenio” y que “los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencien y se destaquen”.

Reacción de la oposición y puntos de tensión

La propuesta generó fuertes críticas desde diferentes sectores:
La oposición recordó que el salario mínimo, vital y móvil sufrió una caída de cobertura frente a la canasta básica, lo que pone en cuestión el contexto en el que se lanza una reforma de este tipo.
Legisladores opositores alertaron que una reforma laboral centrada en productividad individual y convenios por empresa podría derivar en una mayor precarización del empleo, aumento de la informalidad o pérdida de derechos colectivos.

También se objeta la falta de claridad respecto de cómo se evaluará el rendimiento, qué parámetros se utilizarán, y cómo se garantizará que todos los trabajadores tengan igualdad de oportunidades para “diferenciarse”.

Impactos esperados y dudas

Posibles ventajas:
Podría incentivar mejoras de productividad, reconocer esfuerzos individuales, y adaptar los salarios a realidades diversas de empresas y regiones.
Podría facilitar que empresas en zonas más desfavorecidas puedan negociar condiciones adaptadas y así sostener empleos formales.
Principales inquietudes:
Que la productividad individual se convierta en un criterio arbitrario, sin transparencia, y lleve a desigualdades entre trabajadores de una misma firma o sector.
Que se debiliten los mecanismos colectivos de negociación (sindicatos, convenios por actividad) y se reduzcan las protecciones laborales.
Que en contextos de recesión o contracción productiva, los salarios “ligados al rendimiento” bajen aún más o queden estancados para muchos.
Que la eliminación de sanciones para empresas pueda fomentar incumplimientos sin controles adecuados.

Próximos pasos

La reforma aún no ha sido presentada formalmente como proyecto de ley al Congreso, pero según el Gobierno empezaría a ejecutarse en la segunda mitad de la gestión. En los próximos días se prevén nuevas reuniones entre el oficialismo y los bloques de la oposición para avanzar en el debate del Presupuesto 2026, que incorpora este capítulo laboral.

Conclusión

La propuesta de reforma laboral que vincula el salario con el rendimiento interpela directamente la manera en que se remunera el trabajo en Argentina. Mientras que el Gobierno defiende el cambio como un paso hacia mayor competitividad, productividad y formalidad, sus críticos advierten que puede implicar una pérdida de derechos, una precarización mayor y desigualdades reforzadas. La clave estará en cómo se instrumente, qué mecanismos de control se establezcan y cómo se asegure que el trabajador no quede en desventaja en nombre de la “flexibilidad”.

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