Un juez federal de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir de manera inmediata las pensiones por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia, en el marco de un amparo colectivo impulsado por asociaciones civiles, particulares afectados y el Defensor del Pueblo local. La resolución, dictada por el Juzgado Federal N° 2, no solo obliga a devolver los haberes retenidos, sino que también impide a la agencia continuar aplicando las auditorías masivas cuestionadas hasta que se dicte sentencia definitiva.
La decisión judicial, de alcance inmediato en Catamarca, fue además inscripta en el Registro de Procesos Colectivos, lo que refuerza su potencial como antecedente para otros reclamos en el país. En los fundamentos, el magistrado subrayó el carácter alimentario de la pensión, considerándola indispensable para la subsistencia de los beneficiarios, y advirtió sobre las graves irregularidades en el procedimiento que llevó a las suspensiones: notificaciones defectuosas, plazos exiguos y dificultades logísticas que, en la práctica, impedían a muchos realizar las auditorías exigidas.
Los posibles alcances nacionales
Aunque el fallo se aplica de manera directa solo en Catamarca, abre un camino jurídico que podría replicarse en otras provincias:
Impugnación del Decreto 843/24: la demanda cuestiona la constitucionalidad de esta norma, que endureció los requisitos para acceder a las pensiones. Si otros jueces adoptan el mismo criterio, el decreto podría quedar sin efecto a nivel nacional.
Precedente en amparos colectivos: la admisión de la acción impulsada por asociaciones y el Defensor del Pueblo legitima el uso del amparo colectivo como herramienta de defensa de personas con discapacidad, lo que podría multiplicar este tipo de litigios en todo el país.
Límite a las auditorías de ANDIS: el freno judicial a los controles masivos podría convertirse en regla en otras jurisdicciones, obligando al organismo a rediseñar sus procedimientos.
Efecto multiplicador: al estar inscripta en el Registro de Procesos Colectivos, la causa puede ser invocada como referencia en reclamos similares en distintas provincias, acelerando su tramitación.
Un debate en expansión
El fallo catamarqueño se inscribe en una controversia mayor sobre el derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad y el alcance de las potestades del Estado para auditar o suspender beneficios. En un contexto de fuerte ajuste y revisión de políticas sociales, la resolución podría convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el gobierno nacional y uno de los sectores más vulnerables de la población. Si bien la medida todavía no es una sentencia definitiva, su valor simbólico y jurídico excede a Catamarca y anticipa un escenario en el que la Justicia podría jugar un rol clave para frenar o revertir decisiones administrativas que afectan de manera directa a miles de personas con discapacidad en todo el país.
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