En el corazón de toda democracia late un principio innegociable: el pueblo es soberano. Esa soberanía no se ejerce solo en las calles, en las plazas o en los debates cotidianos; se concentra, con toda su potencia, en el momento de votar. Allí se define si una gestión merece continuidad o si debe ser reemplazada. Allí se premia o se castiga, con la contundencia que solo la voluntad colectiva puede expresar.
El voto no es un gesto menor. No es un trámite burocrático al que se asiste con desgano ni un acto simbólico que se diluye en la indiferencia. Es, en esencia, un juicio político en el más estricto sentido del término: el pueblo se convierte en jurado y los gobiernos, en acusados o defensores de su propia obra.
Los políticos suelen creer que basta con palabras, promesas o campañas de marketing para convencer. Pero en el día a día, la gente mide en hechos: el costo de la vida, el trabajo que falta o abunda, la calidad del hospital, la presencia del Estado cuando se lo necesita, la honestidad o la corrupción en la gestión. Y si la balanza se inclina hacia el fracaso, la democracia otorga un derecho irrenunciable: el de sancionar en las urnas.
Ese castigo no es revancha, no es resentimiento. Es la única manera civilizada de corregir el rumbo, de exigir cuentas, de recordarles a quienes gobiernan que no son dueños del poder, sino depositarios temporales de un mandato prestado. El poder no les pertenece: se les confía, y con la misma rapidez con la que se otorga, puede ser retirado.
El sufragio, además, tiene un valor profundamente igualitario. Frente a la urna, el empresario multimillonario, el dirigente político, el trabajador precarizado o el estudiante sin recursos valen exactamente lo mismo. Ese instante de igualdad radical es la base de la democracia: nadie tiene más peso que otro cuando se trata de decidir el destino colectivo.
Por eso es peligroso y hasta inmoral ceder al desencanto. La apatía, la abstención, el voto en blanco son regalos a quienes esperan que la ciudadanía baje los brazos. Quienes no participan fortalecen el círculo de impunidad, alimentan la continuidad de los errores y debilitan el único instrumento capaz de poner límites al poder: la voluntad popular expresada en el voto.
La historia demuestra que los gobiernos que olvidan esta verdad suelen terminar devorados por la misma ciudadanía que alguna vez los eligió. Porque la paciencia popular es larga, pero no infinita. Y cuando llega el día del veredicto, no valen excusas ni lamentos: la gente habla, sentencia y decide.
Votar es, entonces, mucho más que un derecho: es una obligación moral y política. Obliga a pensar en el país que queremos, en el futuro de nuestros hijos, en la dignidad que merecemos. Obliga a ser conscientes de que el sufragio no solo avala un proyecto, sino que también lo limita, lo vigila y lo controla.
En definitiva, el voto es la más poderosa herramienta de justicia que tiene el pueblo. Con él se aprueba, con él se castiga. Y cada boleta depositada en la urna es un recordatorio para la clase política: no gobiernan por gracia propia, gobiernan por mandato prestado. Un mandato que siempre, indefectiblemente, deberá pasar por el juicio supremo de la ciudadanía.
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