En la Argentina, la corrupción dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en un hecho casi institucionalizado. Cada elección, el ciudadano carga sobre sus hombros la misma sospecha: ¿a quién le estaré entregando el poder? ¿A un dirigente honesto o a otro futuro enriquecido del Estado?
Por eso urge instalar un requisito tan básico como contundente: que todo candidato a un cargo político firme y declare públicamente un compromiso ético que, en palabras simples, se resuma en una sola frase: “Chorro no me va a decir nadie”.
No alcanza con slogans vacíos, con promesas de campaña que se esfuman al día siguiente de asumir, ni con juramentos solemnes ante una Biblia o una Constitución que terminan siendo papel mojado. Lo que hace falta es un contrato social directo, claro y documentado, donde cada aspirante deje asentado, por escrito y frente a la sociedad, que no usará la función pública como caja personal.
¿Suena exagerado? No lo es. En un país donde la palabra “político” se confunde cada vez más con “corrupto”, lo exagerado es seguir aceptando candidatos que entran pobres y salen millonarios, con fortunas imposibles de justificar.
El compromiso debería ser público, accesible, firmado ante escribano y con el mismo valor simbólico que un juramento judicial: si me descubren robando, me voy, sin chicanas, sin fueros, sin maniobras dilatorias.
Porque, si un trabajador común debe rendir cuentas hasta del último recibo de sueldo, ¿qué justifica que quien maneja el dinero de todos no lo haga? ¿Por qué la política es el único empleo donde se puede mentir impunemente sobre el patrimonio propio?
La frase “chorro no me va a decir nadie” no es un capricho ni una consigna de ocasión: es la mínima base de credibilidad que una democracia necesita. Quien se niegue a firmar algo tan simple, está confesando más de lo que admite.
Argentina ya no soporta más discursos de ética. Necesita gestos claros, compromisos concretos y documentos firmados. El político que no pueda garantizar honestidad desde el inicio, que ni se postule.
El verdadero contrato con el pueblo no es el acto electoral, sino la promesa irrevocable de que, cuando termine su mandato, nadie pueda señalarlo con la palabra que más daño le hizo a nuestra vida pública: chorro.
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