El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años. La falta de transferencias de fondos por parte de Nación ha generado un desfinanciamiento que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y enciende las alarmas entre jubilados, pensionados y trabajadores estatales.
Según datos oficiales, la deuda nacional con la provincia supera los doce billones de pesos, de los cuales más de un billón y medio corresponden específicamente al IPS. Se trata de fondos previstos en convenios vigentes que dejaron de girarse desde 2024, y cuya ausencia obliga a la administración bonaerense a cubrir el déficit con recursos propios, a costa de otros compromisos fiscales.
El problema, sin embargo, no se limita a la deuda coyuntural. El IPS arrastra desde hace tiempo un déficit estructural marcado por varios factores: el predominio de jubilaciones docentes y municipales, el achicamiento de la base de aportantes producto de cambios laborales en la última década, y el impacto de regímenes especiales que habilitaron retiros anticipados. Todo esto ha ido aumentando la brecha entre ingresos y egresos.
Hoy el organismo atiende a más de 370 mil beneficiarios, con jubilaciones que en promedio superan el millón de pesos. Este nivel de haberes, muy por encima del sistema nacional, ha sido históricamente un orgullo provincial, pero también constituye una presión creciente sobre sus cuentas en tiempos de crisis.
Ante la falta de respuestas políticas, la provincia decidió llevar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia, solicitando una medida cautelar que obligue a la Nación a cumplir con las transferencias suspendidas. La vía judicial busca garantizar la continuidad de los pagos y proteger un régimen previsional que es considerado uno de los más sólidos y beneficiosos del país.
En paralelo, especialistas advierten que la situación no es casual ni aislada. Interpretan el corte de fondos como parte de una estrategia deliberada para debilitar las cajas provinciales y forzar una “armonización” con el sistema nacional, lo que implicaría perder autonomía y eventualmente reducir haberes.
La discusión trasciende lo técnico y se convierte en un debate político de fondo: ¿debe la provincia sostener con recursos propios un sistema que beneficia a cientos de miles de bonaerenses, o debe aceptar una integración nacional con reglas más estrictas? Mientras tanto, la incertidumbre crece y la tensión entre Nación y Provincia vuelve a poner al federalismo fiscal en el centro de la escena.
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