Una conductora decidió no pagar el peaje en la Ruta Nacional 226 y su accionar se volvió viral en redes sociales. Se trata de Miriam Striebeck, una usuaria habitual del corredor Tandil–Mar del Plata, quien grabó el momento en que exigió el paso libre en el puesto de El Dorado debido al desastroso estado del camino. El episodio ocurrió el pasado viernes, cuando Striebeck viajaba desde Olavarría hacia Miramar, ciudad donde reside.
El derecho del consumidor a no pagar por un servicio deficiente: el caso de la usuaria que se negó a abonar el peaje. En tiempos en que los aumentos de tarifas y peajes parecen no tener freno, el caso de una conductora que se negó a pagar por un servicio vial deficiente reaviva un debate central: ¿hasta dónde llega la obligación de pagar cuando el prestador incumple su parte del contrato?
El episodio ocurrió en una estación de peaje sobre una ruta en pésimo estado: baches, banquinas intransitables y falta de señalización. La usuaria, al llegar a la cabina, explicó con firmeza que no abonaría la tarifa debido al deterioro de la calzada y al riesgo que representaba circular por allí. Ante la sorpresa del cobrador y la presión de otros automovilistas, finalmente le levantaron la barrera y pudo continuar.
Un contrato que se rompe cuando el servicio no se cumple. Pagar un peaje no es solo “dar dinero para pasar”. Jurídicamente, implica un contrato tácito: el usuario paga y la concesionaria se compromete a brindar un servicio de tránsito seguro y en condiciones adecuadas. Cuando el estado de la ruta es deficiente, ese contrato se incumple.
El artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) son claros: el consumidor tiene derecho a una prestación adecuada y a la protección de su seguridad e intereses económicos. Si el prestador no cumple, el usuario no está obligado a pagar. Ahora bien, esto ¿quedará como un acto aislado o un precedente a futuro dadas las circunstancias actuales?
Aunque muchas personas creen que negarse a pagar es inviable, la verdad es que, con sustento legal y documentación —fotos, videos, testigos—, la negativa puede tener fundamento. Este caso, que se viralizó en redes, abre la puerta a que más usuarios reclamen y, sobre todo, a que las concesionarias comprendan que la tarifa no es un derecho absoluto, sino una contraprestación.
El trasfondo del reclamo. El hecho no es menor: las rutas concesionadas generan ingresos millonarios por peajes. Sin embargo, en numerosos tramos del país, los usuarios circulan en condiciones precarias que ponen en riesgo vehículos y vidas. El reclamo no es solo económico, es una exigencia de responsabilidad.
Este caso es un recordatorio de que el consumidor no es un sujeto pasivo. Tiene derechos, y ejercerlos no es un acto de rebeldía, sino de justicia. Negarse a pagar por un servicio que no se presta es también una forma de exigir que los compromisos asumidos se cumplan, y que la seguridad y la dignidad de quienes circulan estén por encima del simple cobro de una tarifa.
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