Denuncia y polémica por las diálisis: aseguran que más del 40% de los pacientes bonaerenses está en riesgo. Los proveedores hablan de una deuda millonaria y advierten sobre el corte del servicio. Desde la Provincia hablan de cartelización y responsabilizan a Nación. Una deuda del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con los proveedores de insumos del servicio de diálisis generó en la últimas horas una dura polémica.
Esto, debido a que mientras los acreedores advierten sobre un posible corte del mismo para más del 40% de los pacientes, las autoridades niegan esa posibilidad, hablan de una cartelización y responsabilizan a Nación por no aumentar la cápita con la que se afrontan los pagos. La situación fue planteada por Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD).
Lo hizo junto con la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR), las cuales emitieron un comunicado planteando que la cartera sanitaria enfrenta una deuda millonaria y, por esa razón, casi 5.000 pacientes en diálisis podrían quedarse sin su tratamiento. “El incumplimiento de los pagos y la falta de actualización de los valores de las prestaciones pone en riesgo a los pacientes”, aseguran.
La deuda de la que hablan supera los 18 mil millones de pesos y advirtieron sobre el efecto que esto puede tener en los pacientes y la crítica situación que atraviesa el sistema de atención para pacientes renales crónicos en la provincia. Las organizaciones apuntan a los pacientes que dependen del sistema provincial para acceder a su terapia de diálisis.
Apelan para ello a los datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra): son 4.342 pacientes que dependen del sistema provincial para poder acceder a su terapia de diálisis, y que hoy se encuentran en riesgo. Este grupo de pacientes representa el 44% del total que están bajo tratamiento.
Desde las prestadores indicaron que hasta julio de 2024 el valor de las prestaciones se pactaba con IOMA y luego se trasladaba al Ministerio, pero que ahora el organismo provincial se niega a actualizar los precios. Según la denuncia, lLa cartera de Salud bonaerense mantiene una deuda con prestadores de servicios de diálisis, que incluye prestaciones propias y aquellas que se realizan bajo el programa provincial Incluir Salud.
Apuntan a casi 200 centros afectados, muchos de los cuales ya no pueden seguir absorbiendo pacientes ni garantizando traslados, lo que agrava aún más la situación. El presidente de ARD, Alfredo Casaliba, señaló que “el sistema está colapsando”. “No solo no hay pago, sino que los valores que se nos abonan están desactualizados desde hace un año. No se puede sostener la atención médica con precios congelados y pagos demorados”, agregó.
Además, el profesional también manifestó: “Nuestros asociados siguen sosteniendo con enormes esfuerzos las prestaciones, pero la situación ya no es viable. Estamos en el límite”. Por último, la presidenta de la CATR, Alicia Canga, expresó que “es urgente que las autoridades tomen conciencia del riesgo sanitario que están generando. Estamos hablando de un tratamiento vital. Sin diálisis, no hay posibilidad de vivir. No es solo una cuestión económica: son miles de vidas las que están en juego”.
Desde el Ministerio de Salud aseguraron que la prestación del servicio “no se ha cortado, ni corre riesgo”, en tanto que apuntaron a algunos factores para explicar la situación. Apuntaron por ejemplo a un sistema “cartelizado” que en la práctica “garantiza la provisión de los insumos a un solo proveedor”, que es el que además controlaría a lás cámaras que ejercen presión para dominar el mercado y obtener los mejores precios.
Pero suman que el monto de la deuda (esos 18 mil millones de pesos que se reclaman) es “una porción mínima” del total de la facturación “se va saldando progresivamente”. “Por eso este servicio -que es vital para los pacientes- nunca se ha cortado”, agregan.
Paralelamentes, desde la cartera sanitaria bonaerense responsabilizaron al gobierno nacional por no haber actualizado los montos de la cápita a través de la cual se paga a los proveedores. “Se trata un monto que está capitado a través de Incluir Salud y no se actualiza por el gobierno nacional desde hace dos años pese a que los proveedores si han aplicado las subas inflacionarias, lo cual complica aún más los pagos y aumenta los montos adeudados”. / 0221
