El Gobierno disolvió Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial: qué cambia para los usuarios de las rutas. En una decisión que marca un profundo giro en la administración del transporte terrestre, el Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dos organismos históricos encargados del mantenimiento de las rutas y la prevención de accidentes en todo el país.
A partir de ahora, sus funciones pasarán a estar bajo el control del Ministerio de Economía y una nueva agencia estatal, mientras que buena parte de las tareas operativas quedarán en manos del sector privado. La medida fue presentada como parte de una política de reducción del gasto público, bajo el argumento de que estas estructuras estaban sobredimensionadas, eran ineficientes y cargaban con antecedentes de corrupción.
El objetivo declarado es simplificar la administración estatal, concentrar funciones y avanzar hacia un esquema de concesiones viales más ágil, con fuerte participación privada. Sin embargo, la decisión abre múltiples interrogantes sobre cómo afectará esta transformación a los millones de usuarios que todos los días circulan por las rutas argentinas.
De las rutas públicas al modelo concesionado
Uno de los cambios más significativos es la transferencia de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales al sistema de licitación privada. Esto implica que empresas concesionarias se encargarán de su mantenimiento, señalización y conservación. En teoría, esto permitirá una gestión más eficiente, con mejores estándares técnicos y menos carga fiscal para el Estado.
Pero también hay un riesgo concreto: las rutas que no sean rentables desde el punto de vista comercial podrían quedar desatendidas o relegadas. Esto incluye tramos rurales, caminos de baja circulación o regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Sin una red estatal como respaldo, existe la posibilidad de que muchas zonas queden aisladas o con infraestructuras deterioradas.
Seguridad vial: el nuevo rol de Gendarmería
Con la disolución de la ANSV, el esquema de prevención y control del tránsito sufrirá un cambio drástico. Las campañas de concientización, el análisis estadístico de siniestros y la coordinación nacional de licencias de conducir quedarán desarticuladas. Parte de estas funciones será asumida por Gendarmería Nacional, que tendrá a su cargo los operativos de control vial y la fiscalización de infracciones.
Este nuevo enfoque, más centrado en el control y menos en la prevención, podría significar una pérdida de capacidad institucional para abordar integralmente la seguridad vial, en especial en lo referido a educación, planificación y políticas públicas de largo plazo.
Emergencias y respuesta rápida: un vacío por llenar
Hasta ahora, Vialidad Nacional tenía capacidad para intervenir de forma directa ante emergencias climáticas, cortes, derrumbes o situaciones que afectaban la transitabilidad. Esa estructura técnica y territorial, con personal distribuido a lo largo del país, garantizaba una respuesta inmediata en miles de kilómetros de rutas. Su desmantelamiento deja un vacío operativo que todavía no tiene reemplazo definido. En muchos casos, se dependerá de contratistas privados o gobiernos provinciales, lo que podría generar demoras e ineficiencia.
¿Qué pueden esperar los usuarios?
El cierre de estos organismos representa un cambio de paradigma: de un Estado que gestiona directamente el transporte terrestre, a un modelo en el que predomina la lógica de mercado. Para los usuarios, esto podría traducirse en mejoras si las concesiones se ejecutan con seriedad y control. Pero también implica riesgos concretos: peores condiciones de circulación en rutas no rentables, falta de campañas de seguridad vial, y una menor capacidad de reacción ante emergencias.
La transformación ya está en marcha, pero su éxito o fracaso dependerá de cómo se implementen los nuevos esquemas y, sobre todo, de si el Estado logra garantizar que la seguridad y el mantenimiento de las rutas sigan siendo una prioridad, más allá del ajuste fiscal. Porque detrás de cada kilómetro asfaltado, hay trabajadores, familias, productores y ciudadanos que necesitan transitar con seguridad y dignidad.
