En una paradoja que evidencia las contradicciones del modelo económico actual, miles de usuarios residenciales, industrias y estaciones de GNC en distintas regiones del país se quedaron sin suministro de gas esta semana, a pesar de que Argentina registra niveles récord de producción del recurso gracias al desarrollo de Vaca Muerta.
El problema no es la falta de gas. Al contrario, el yacimiento neuquino —uno de los más importantes del mundo en reservas no convencionales— continúa incrementando su capacidad de producción. Sin embargo, este crecimiento choca de frente con un cuello de botella en la infraestructura de transporte, producto de la paralización de obras clave dispuesta por el gobierno de Javier Milei.
Desde la asunción del actual mandatario, el Estado nacional detuvo o ralentizó significativamente la construcción de gasoductos y plantas compresoras necesarias para trasladar el gas desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo del país. Esta decisión, enmarcada en un fuerte ajuste fiscal, terminó por provocar lo que muchos ya llaman una “crisis autoinducida”.
A esto se suma un aumento descomunal en las tarifas de gas: en los últimos 18 meses, los usuarios han sufrido incrementos que rondan el 1500%. Mientras se exige un esfuerzo extraordinario a consumidores y empresas para sostener el sistema energético, la inversión pública en infraestructura cayó abruptamente, dejando a amplios sectores del país con cortes, restricciones y un servicio colapsado.
La situación también golpea a las estaciones de GNC, que dependen del suministro interrumpido para operar. En varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, muchas debieron cerrar temporalmente sus puertas o reducir horarios, afectando tanto a consumidores como a trabajadores.
Las industrias, por su parte, denuncian pérdidas millonarias por la imposibilidad de sostener la producción ante la falta de gas. En sectores como el alimenticio, el metalúrgico o el automotor, la energía interrumpida genera impactos que repercuten en toda la cadena económica.
La paradoja no podría ser más evidente: Argentina produce más gas que nunca, pero no puede distribuirlo adecuadamente por falta de planificación y decisión política. En lugar de avanzar con obras que permitirían al país autoabastecerse y exportar excedentes —reduciendo incluso la necesidad de importaciones caras durante el invierno—, se eligió el camino de la desinversión.
Esta crisis vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. La infraestructura energética no puede depender exclusivamente del mercado, porque sus consecuencias —como se observa esta semana— se pagan en cortes, pérdidas económicas y en la vida cotidiana de millones de argentinos.
En definitiva, mientras el país se endeuda para importar energía en plena temporada invernal, sus propios recursos naturales permanecen atrapados en los yacimientos, sin posibilidad de llegar a quienes más los necesitan. Una paradoja tan costosa como evitable.
