Las bibliotecas populares de todo el país han presentado una demanda colectiva ante la Justicia Federal para frenar el Decreto 345/25, que representa un golpe directo a la estructura federal y participativa de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP). Con más de 150 años de historia, la CONABIP ha sido una herramienta clave para garantizar el acceso democrático a la lectura, la cultura y la participación ciudadana.
El decreto en cuestión propone una reestructuración profunda: elimina el consejo federal que representaba a las bibliotecas de todas las provincias, centraliza la toma de decisiones en el Gobierno Nacional y dispone el manejo exclusivo de los fondos destinados a las bibliotecas populares, desplazando a los actores territoriales de toda instancia real de gestión y control.
Una red viva y descentralizada
Actualmente, existen más de 1.500 bibliotecas populares distribuidas en todo el país. Estas instituciones funcionan gracias al compromiso de más de 30.000 voluntarios, y llegan a más de 4 millones de personas, especialmente en sectores donde el acceso a la cultura formal es limitado. No se trata solo de centros de lectura: muchas de estas bibliotecas cumplen funciones sociales, educativas y comunitarias fundamentales, actuando como espacios de encuentro, memoria y contención.
Durante décadas, la CONABIP ha permitido que estas bibliotecas funcionen con una lógica federal, recibiendo subsidios, libros y acompañamiento institucional de forma equitativa. La eliminación de esa estructura pone en riesgo tanto el financiamiento como la autonomía de estas organizaciones.
Una respuesta colectiva y contundente
Ante este escenario, las bibliotecas han decidido organizarse y presentar un recurso de amparo colectivo para frenar el decreto. Lo hacen no solo en defensa de su funcionamiento cotidiano, sino en defensa de una idea de país donde la cultura se construye desde abajo, con participación, diversidad y justicia territorial.
La demanda no parte solo de dirigentes institucionales: ha recibido el respaldo de miles de personas vinculadas a la cultura, la educación y la vida comunitaria, entre ellas artistas, escritores, referentes de derechos humanos y exfuncionarios del área cultural. La consigna es clara: defender el carácter participativo y plural de un sistema que durante más de un siglo ha servido como puente entre el libro y el pueblo.
Consecuencias si avanza el decreto
De avanzar el Decreto 345/25, muchas bibliotecas podrían perder su principal fuente de recursos, ver restringida su autonomía o incluso verse obligadas a cerrar sus puertas. Las consecuencias serían particularmente graves en localidades pequeñas o zonas rurales, donde estas instituciones representan una de las pocas presencias estatales o comunitarias activas.
También se debilitaría el entramado social que se construye en torno a ellas: talleres, actividades infantiles, apoyo escolar, acceso gratuito a internet, fomento a la lectura, encuentros intergeneracionales y espacios de memoria. Además, la recentralización del manejo del Fondo Especial para Bibliotecas Populares contradice décadas de avances en la descentralización de políticas públicas culturales, vaciando de contenido a un sistema que ha demostrado eficiencia, transparencia y capilaridad territorial.
Defensa de la democracia cultural
El reclamo judicial no solo apunta a declarar la inconstitucionalidad del decreto, sino también a reinstalar en la agenda pública el valor estratégico de las bibliotecas populares como garantes del derecho a la cultura, a la información y al pensamiento crítico. Son espacios donde se democratiza la palabra, donde se fortalece el tejido social, donde se ejercita la ciudadanía. Y todo ello, desde una gestión comunitaria, abierta, inclusiva y participativa.
Esta defensa de la CONABIP es, en el fondo, una defensa del modelo de país donde la cultura no es un privilegio, sino un derecho. Donde las decisiones se toman con los territorios, no sobre ellos. Donde el acceso al conocimiento no depende del mercado, sino de una política pública sostenida en el tiempo.
Un conflicto que recién comienza
La Justicia deberá decidir en los próximos días si acepta la medida cautelar para frenar los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo del asunto. En paralelo, hay movimientos dentro del Congreso para rechazar este y otros decretos similares, por considerar que avanzan sobre derechos adquiridos y estructuras institucionales fundamentales.
Mientras tanto, las bibliotecas no esperan. Siguen trabajando, abriendo sus puertas, organizando festivales de lectura, proyectando cine, promoviendo el pensamiento crítico y recordándole al país que sin cultura no hay democracia posible.
