En una provincia donde las rutas parecen laberintos de abandono y los vehículos acumulan golpes de guerra urbana, la noticia de que se suspende por tres meses el aumento de la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) podría parecer, a primera vista, una decisión sensible. Pero más allá del titular amable, lo cierto es que estamos ante otro parche en medio de una estanflación que corroe tanto la economía como la dignidad de los ciudadanos.
La medida, anunciada por el gobierno provincial tras un acuerdo con las empresas verificadoras, busca “evitar un impacto negativo en los usuarios ante la situación económica actual”. Es decir, se admite que estamos en un contexto donde cualquier peso cuenta, y que ni siquiera lo esencial puede ajustarse sin golpear al de abajo.
Sin embargo, esta suspensión temporal no es una solución, sino un síntoma más de un modelo de gestión que reacciona sin planificar, que administra lo urgente sin atender lo importante. La realidad es que los conductores no sólo deben lidiar con los altos costos del combustible, el mantenimiento mecánico y los seguros cada vez más inalcanzables, sino que además transitan rutas plagadas de baches, señalizaciones ausentes y obras detenidas.
Y cuando la infraestructura se desmorona, la integridad de las personas y los vehículos está en juego. ¿De qué sirve postergar el aumento de la VTV si el deterioro vial hace que cualquier revisión técnica sea anecdótica frente al riesgo cotidiano? ¿A quién se protege realmente con esta decisión: al usuario que ya está exhausto o al sistema que no sabe cómo contenerlo?
En el fondo, la suspensión del aumento es una especie de placebo político. Sirve para mostrar sensibilidad, pero no resuelve nada. Ni mejora las rutas, ni garantiza una VTV de calidad, ni aborda el problema estructural de la inflación con recesión, que ya empieza a dejar escombros sociales a su paso.
La discusión de fondo no debería centrarse en si la VTV sube ahora o en tres meses. Debería ser: ¿cómo se piensa un sistema vial seguro, accesible y coherente con la realidad de los trabajadores que dependen de su vehículo para subsistir? ¿Dónde está el plan de inversión en infraestructura? ¿Dónde está la fiscalización seria del servicio de VTV para que no se convierta en otro peaje encubierto?
El gesto de “no aumentar por ahora” es apenas una pausa entre dos males. Porque si todo sigue igual, en tres meses el tarifazo llegará con más fuerza. Y cuando eso ocurra, seguiremos teniendo las mismas rutas rotas, los mismos autos fundidos y una economía que no da tregua.
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