La reciente presentación del proyecto de ley por parte de los senadores bonaerenses Marcelo Leguizamón Brown (PRO) y Marcelo Daletto (Cambio Federal) para crear un “Plan de Gobernanza en Seguridad” voluntario, ha abierto un debate necesario: ¿es conveniente que los intendentes asuman un rol más activo —y con mayor autoridad— en la seguridad pública de sus distritos?
La iniciativa plantea otorgar a los jefes comunales la posibilidad de diseñar y ejecutar políticas locales de seguridad, con el acompañamiento de las fuerzas provinciales, el Poder Judicial y, eventualmente, autoridades federales. “Buscamos que el intendente, que es el funcionario de cercanía con la sociedad, pueda ser parte de la solución, pero esta responsabilidad solamente puede ser exitosa si le damos la autoridad”, argumentaron los senadores.
Uno de los principales argumentos a favor del proyecto es el conocimiento de los intendentes sobre la realidad de sus distritos. En un escenario donde los delitos presentan características muy diferentes según el territorio —desde el narcomenudeo en el conurbano hasta el abigeato en zonas rurales—, tener un diseño de seguridad descentralizado puede mejorar la eficiencia de las respuestas del Estado.
Además, el involucramiento directo de los intendentes puede facilitar la articulación con actores sociales, comunitarios y vecinos organizados, claves para la prevención del delito. Desde esta óptica, el proyecto podría fortalecer la “seguridad ciudadana” como política integral y no meramente punitiva.
No obstante, la propuesta también genera inquietudes, especialmente si se observan las prácticas de muchos intendentes en materia de seguridad y gestión pública. El manejo político de las fuerzas de control local —como las guardias urbanas o los centros de monitoreo— ha sido en varios casos discrecional, poco transparente y sin rendición de cuentas.
Darles mayor autoridad sin un marco robusto de controles, auditorías y participación ciudadana puede abrir la puerta a una utilización partidaria de la seguridad, a la criminalización de sectores vulnerables o incluso a prácticas de connivencia con actores delictivos, como se ha denunciado en algunas intendencias del conurbano.
El concepto de “gobernanza” implica la construcción de consensos, la participación de múltiples actores y la gestión basada en evidencia. En ese sentido, el Plan propuesto no debería limitarse a dar más poder a los intendentes, sino a construir un sistema en el que la ciudadanía, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales trabajen coordinadamente bajo parámetros verificables.
Sin mecanismos obligatorios de transparencia, monitoreo externo y participación social, el riesgo de que esta gobernanza se transforme en feudos locales de seguridad es alto. La experiencia demuestra que la proximidad territorial, si no está acompañada de controles institucionales, puede convertirse en un problema más que en una solución.
El Plan de Gobernanza en Seguridad podría ser una herramienta interesante para mejorar la seguridad en los municipios bonaerenses, si se implementa bajo criterios claros de control, evaluación y participación. De lo contrario, se corre el riesgo de reforzar prácticas de gestión opaca y discrecional que ya existen en muchos distritos.
Si realmente se busca que los intendentes sean “parte de la solución”, como afirman los autores del proyecto, es indispensable que también sean responsables ante la ciudadanía, los organismos de control y la Justicia. Solo así la gobernanza dejará de ser una palabra de moda para convertirse en una mejora concreta en la vida cotidiana de los vecinos.
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