Milei había prometido eliminar la pauta oficial en 2024, pero YPF triplicó beneficios otorgados sin informar a quiénes. En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei fue contundente: no habría pauta oficial durante su primer año de gestión. “Se terminó la pauta para los medios”, dijo en reiteradas oportunidades, argumentando que era una forma de “comprar voluntades” y un gasto injustificable en el marco del ajuste fiscal que impulsa su gobierno.
Sin embargo, la realidad mostró otro camino. YPF, la empresa de mayoría estatal, aumentó en más del triple los beneficios entregados por publicidad institucional respecto a 2023. Lo hizo, además, sin transparentar públicamente a qué medios, agencias o campañas se dirigieron esos recursos. Esta práctica contradice el discurso de austeridad del Gobierno y enciende señales de alarma sobre la opacidad en el manejo de fondos públicos.
Una pauta encubierta
Si bien técnicamente no se trata de “pauta oficial” en sentido estricto, el dinero que manejan empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas o Banco Nación para campañas institucionales cumple el mismo rol: financiar espacios en medios de comunicación, muchas veces sin un criterio técnico claro o sin que medie una necesidad de comunicación real.
Según fuentes del sector, YPF no sólo mantuvo sus niveles de inversión en publicidad durante el primer trimestre de 2024, sino que los amplió considerablemente. La cifra estimada es más del triple de lo erogado en igual período del año pasado. Lo llamativo es que no existe registro público actualizado sobre a quiénes se adjudicaron esos fondos, lo cual choca contra la narrativa de transparencia que el propio Milei defiende.
Silencio oficial
Consultados por diversos medios, ni la Secretaría de Medios ni las autoridades de YPF ofrecieron detalles sobre las contrataciones. No se ha publicado información oficial ni en el portal de datos abiertos del Estado ni en los informes de gestión de la empresa. Tampoco se conoce si hubo algún tipo de auditoría interna o si los contratos fueron asignados por concurso.
Esta situación genera suspicacias no sólo en la oposición política sino también en sectores de la sociedad civil que promueven la transparencia y el acceso a la información pública.
¿Austeridad selectiva?
El gobierno libertario ha justificado recortes extremos en áreas sensibles —desde subsidios al transporte hasta partidas para universidades— bajo el principio de “no hay plata”. Sin embargo, casos como este sugieren que el ajuste no alcanza por igual a todos los sectores. Mientras se cierran comedores o se congelan salarios, los fondos para ciertos medios parecen no sólo mantenerse sino aumentar.
El uso discrecional de empresas estatales para sostener relaciones con medios de comunicación, sin controles ni criterios objetivos, constituye un mecanismo de pauta indirecta que contradice el mandato de transparencia y eficiencia en el gasto público.
Conclusión
La pauta oficial, al menos como concepto, parece no haber desaparecido, sino haber mutado. La promesa de Milei de cortar todo tipo de financiamiento a medios no se condice con lo que muestran los números de YPF. La falta de información clara sobre los beneficiarios y montos alimenta la sospecha de un doble discurso que merece ser revisado con lupa.
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