La gestión Milei, que ya cumplió un año al frente del Ejecutivo Nacional, intensificó el ajuste a lo largo y ancho del país. Las provincias, y en particular la de Buenos Aires, no han cesado en sus reclamos a la Rosada desde que han visto una merma considerable en la llegada de recursos. A este escenario se suman los municipios, que, en la cadena de transferencias, además de ser beneficiarios de distintas obras y programas, han sentido el filo de la motosierra y debieron tomar la posta con fondos propios para cubrir la retirada del Gobierno. Cuáles son las prioridades y qué áreas han atendido desde el primer mostrador.
El ajuste en las cuentas nacionales fue la premisa de la gestión libertaria y así se hizo saber desde el minuto cero de la nueva administración que encabeza Javier Milei. En el transcurso de este 2024, los fondos nacionales para obras públicas en Buenos Aires cayeron un 24% en términos reales. Tal es así que el Gobierno Nacional ha paralizado casi mil obras en toda la provincia, con un recorte acumulado de más de $6 billones. Este cúmulo de trabajos en pausa ha tenido un fuerte impacto en los 135 distritos bonaerenses, donde los intendentes han tenido que arremangarse y tomar la posta para dar respuesta a sus vecinos más allá del color político de las administraciones locales.
Desde el Conurbano hasta las gestiones del interior profundo de la provincia, se ha buscado generar alternativas a los recortes nacionales. Sn embargo, la incertidumbre ha llevado a los alcaldes a manejar con reparo la disponibilidad de fondos. Así lo manifestó el intendente radical de General Viamonte, Franco Flexas, que expresó a La Tecla que “todo el año tuvimos precaución porque no sabíamos qué iba a pasar, por lo cual restringimos obras nuevas. La única nacional que teníamos es una bajada de línea de media tensión y con el nuevo gobierno eso desapareció y ni siquiera se comenzó”. Con el tema sanitario, el alcalde expresó que “nosotros al ser únicos efectores cubrimos a personas con mayores necesidades y tuvimos más demandas, debimos hacer más compras de medicamentos para sostener a personas que no podían hacerlo y lo cubrimos desde la Farmacia de nuestro hospital”.
En este contexto, el principal golpe para los municipios fue la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, conocido como ENHOSA, un organismo descentralizado que funcionaba realizando tareas paralelas a las de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. En la Provincia, este Ente cumplía un rol crucial para el desarrollo de proyectos que, en muchos casos tenían un presupuesto muy superior a los manejados por los municipios, y su disolución dejó más de una complicación para los intendentes, que en lo inmediato cubrieron obras de cloacas con la imperiosa ayuda del gobierno de Axel Kicillof. Al momento de su cierre, de acuerdo con el sitio oficial de ENOHSA, en tierras bonaerenses había cerca de 70 proyectos en cartera; incluyéndose agua potable, cloacas y equipamiento.
Además, se suma otra cuestión, como el recorte de prestaciones sanitarias que impactó en la falta de abastecimiento de medicamentos y la nula cobertura de diferentes patologías. Todo esto se convirtió en un combo letal para miles de bonaerenses. Como primer mostrador, los municipios debieron atender la constante demanda, haciendo frente con recursos propios al exorbitante aumento de remedios, que afectó a los sectores más vulnerables, además de jubilados y pensionados. Muestra de ello es el caso del municipio de Morón que lanzó el programa “Medicamentos Moronenses”. La iniciativa busca facilitar el acceso y la cobertura efectiva a remedios de primera necesidad. Está destinado a las personas que carecen de cobertura médica y son atendidas en el sistema público de salud comunal.
La iniciativa se concretó tras la firma de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó y la Cámara de Farmacias Bonaerense (CAFABO). También se incrementó la asistencia a los sectores más postergados. En el caso de La Matanza, el gobierno local pasó de asistir 100 mil familias a 150 mil, los comedores crecieron de 800 a 1.200 y la demanda alimentaria aumentó un 50%. Las peticiones se van acumulando y la retirada del Gobierno nacional es palpable en cada rincón del país. Las administraciones no son ajenas a este flagelo y con recursos limitados tapan baches para responder a las necesidades de sus vecinos sin importar el color político.
Móccero: “Al área de salud le damos prioridad absoluta”
El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, expuso la situación financiera que atraviesa su municipio y cómo ha dado respuesta frente a la retirada del Gobierno Nacional. Al respecto, señaló que “nos lo pasamos remando en dulce de leche porque arrancamos el año con un deterioro en el área de salud. Nos encontramos que al liberarse desde Nación el precio de los medicamentos hubo incrementos del 800% y 500%, los oncológicos 1200% y nosotros tenemos un hospital municipal, además un área de neonatología regional que la pagamos nosotros. Esto nos hizo hacer un ajuste tremendo, pedimos aumento de tasas como se había acordado con la oposición y no nos lo dieron, y después pedimos un ajuste en agosto, también en septiembre, y luego de haber pactado tampoco nos lo dieron. Hasta el día de hoy estamos pregonando que sea un 20%, pero no sabemos qué va a pasar”.
Respecto a las prioridades de su administración en medio de la compleja coyuntura, el jefe comunal puntualizó que “únicamente al área de salud le doy prioridad absoluta, y en segundo lugar al tema de educación. Hemos crecido con un centro universitario que ya terminamos la segunda etapa y tenemos alrededor de 500 alumnos, no solamente de Suárez, sino de la región, y obviamente que aspiramos a tener en algún momento una universidad nacional propia, pero ahora con este gobierno es imposible. Esperamos, dentro de cuatro años, poder insistir con esto”. / La Tecla
