El Gobierno dio de baja Precios Justos y Mercado en tu barrio, entre otros 100 programas. El Ministerio de Economía derogó esta semana 43 normas que regulaban el comercio interno y externo, abarcando controles de precios, requisitos de abastecimiento y trámites administrativos. Según la cartera conducida por Luis Caputo, estas disposiciones “obstaculizaban las relaciones comerciales y limitaban la libre competencia”.
La decisión se oficializó mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que estas medidas buscan alinear la regulación comercial con una administración más simple y eficiente.
Entre las normas eliminadas se incluyen controles sobre productos clave como carne vacuna y lácteos, regulaciones para grandes supermercados y farmacias, e incluso requisitos de información dirigidos a empresas e instituciones educativas. Además, se derogaron trámites relacionados con la homologación de neumáticos, que según Economía encarecían costos sin justificación técnica.
“El objetivo es promover un sistema económico basado en la libre competencia, reduciendo distorsiones que afectan tanto al mercado como a los consumidores”, argumentaron desde la cartera económica.
La medida, según el texto oficial, es parte de un esfuerzo mayor por “simplificar y desburocratizar los vínculos entre el sector privado y el Estado”.
Esta no es la primera vez que el actual gobierno desregula sectores estratégicos. Desde el inicio de la gestión, ya se han derogado más de 107 normas, destacándose la eliminación de licencias automáticas y no automáticas para el comercio exterior, así como el SIRA y el DJCP, herramientas que generaban altos costos operativos y logísticos. En el ámbito interno, se dio de baja el programa Precios Cuidados y el SIPRE, un régimen de monitoreo de precios y cantidades.
La iniciativa refleja una clara apuesta por la desregulación como motor para dinamizar la economía y favorecer el desarrollo del sector privado. Sin embargo, genera interrogantes sobre sus posibles efectos en sectores sensibles al impacto de los precios libres, como el consumo masivo y los servicios esenciales.
Este cambio podría tener un impacto en comercios y cadenas de distribución locales, que deberán adaptarse a un mercado con menos regulaciones y mayor competencia. Mientras tanto, los consumidores podrían enfrentar variaciones en los precios, aunque desde el Gobierno aseguran que la medida apunta a “transparentar” los costos y reducir cargas innecesarias.
