El Gobierno de Javier Milei espera poner en marcha en diciembre su plan de dos etapas para tener listas las concesiones a mediados de 2025 más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y autopistas de la Argentina. Se trata de 13 corredores que actualmente están administrados por el Estado a través de la empresa pública Corredores Viales S.A., otras que se le vencen a la privada Caminos del Río Uruguay S.A. y tramos nuevos que aún se encuentran sin adjudicar.
La proyección es de un ahorro equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años, según detallaron fuentes oficiales. El sistema “Red Federal de Concesiones” contempla un proceso de licitación pública nacional e internacional bajo el régimen de la Ley N°17.520, de concesiones, y que fue modificada por la Ley N° 27.742 o “Ley Bases”.
El procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, y por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. No se trata de un modelo de construcción de nuevas rutas y/o autopistas.
Primera etapa: el Corredor 18 y las rutas del noreste
Segunda etapa: expansión de la concesión a 8.470 kilómetros adicionales.
No comprende ninguna ruta cercanas a nuestra zona.
Además, el sistema implementará un criterio de “mejor tarifa ofertada” para adjudicar los tramos. Bajo esta premisa, se seleccionará la oferta con la menor tarifa de peaje para el usuario, en un intento por reducir el costo directo de los servicios de infraestructura en comparación con los sistemas de concesión anteriores. Las tarifas estarán sujetas a una actualización trimestral mediante fórmulas prefijadas que tomarán en cuenta diversos índices económicos del INDEC.
Para mejorar la transparencia y garantizar la competencia, el proceso de adjudicación estará abierto a la participación de actores no solo del ámbito de la construcción vial, sino también de otros sectores del ámbito privado, lo que podría incluir empresas de tecnología y transporte, entre otros. Esto, afirman las autoridades, busca generar un ambiente de competencia donde se beneficien tanto los usuarios como el Estado.
