Obras frenadas bajo el microscopio. El gobierno nacional paralizó proyectos del programa “Argentina Hace” y revisa el destino de los fondos. Los intendentes pugnan por la continuidad de las iniciativas, con avance disímil o sin arrancar. La frase cayó como un baldazo de agua fría sobre la humanidad de los intendentes: “Terminan las obras en 120 días o devuelven la plata”.
El protagonista fue, aseguran, el mismísimo ministro de Economía, Luis Caputo, tras la resolución que estipula caminos para resolver la cuestión de la obra pública, paralizada desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En ella se lee: la devolución del dinero, finalizar las obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios.
Ello, como alternativas en caso de incumplimientos o irregularidades, en concreto referida al programa “Argentina Hace”, creado por la gestión de Alberto Fernández en 2020, y que estuvo bajo la órbita de su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder quedaban pendientes 951 obras de este plan, con un monto no ejecutado de $598.522 millones.
La mecánica implicaba un acuerdo firmado entre Nación y municipios, por el que el Ejecutivo financiaba las obras (aseguran que son, en su mayoría, de menor complejidad) y las comunas se encargaban de la licitación y de los proyectos para llevarlas adelante. Además, el Gobierno nacional especifica que podría retirar el financiamiento “transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo”, quedando sin efecto el
programa.
Tras el sacudón que produjo la noticia, que ponía en duda la transparencia en el manejo de los fondos entregados a los jefes comunales, desde el Ejecutivo hablaron de realizar auditorías para observar caso por caso qué sucedió con los trabajos proyectados. Y aclararon que si no se detectan incumplimientos o irregularidades, el ministerio de Economía podría tomar la decisión de analizar la viabilidad de que el municipio (o la provincia, en otros casos) asuma el costo económica de la obra sin apoyo de Nación.
Pero, ¿cuál es el origen del dinero destinado a “Argentina Hace”? Por ley, hay fondos directamente afectados a la obra pública, que se nutren del SISVIAL (Sistema Vial Integrado), además del Fondo Hídrico y el 30% del Impuesto País. Ese porcentaje lo estableció la gestión Fernández, destinando el 65% de ese 30 por ciento a obras de infraestructura económica. Pero la actual administración, a través del decreto 193 de este año, determinó que a la infraestructura económica debía destinarse el 95% del 30% del Impuesto País. No obstante, el dinero sigue sin aparecer, las partidas no se ejecutan y con esa plata en caja Milei puede jactarse de tener “equilibrio fiscal” y déficit 0.
Desde el primero de enero hasta el 18 de junio, la Secretaría de Obras Públicas recibió 863.128 millones de pesos solamente por el Impuesto País, mientras que por el SISVIAL y el Fondo Hídrico deben adherirse otros 220.000 millones de pesos. Es decir, en el primer semestre el organismo a cargo de las obras juntó más de un billón de pesos, de los cuales solamente ha ejecutado 8.823 millones; lo que representa un 1% de los fondos que percibió por el impuesto País (menos del 1% si se tiene en cuenta el total de lo recibido).
Un dato relevante es que, en lo que va del año, “la Secretaría de Obras Públicas, comandada por Luis Giovine, recibió el mismo dinero que tuvo como presupuesto en 2023 el desaparecido ministerio de Obras Públicas de la Nación”, aseguran desde la oposición.
Un repaso por las obras paralizadas o sin iniciar permite observar que no sólo comprende iniciativas de “baja intensidad” (Caputo habló de la construcción de un baño en algún cementerio como ejemplo de ello), sino también grandes emprendimientos como la construcción del Natatorio y Polideportivo Malvinas Argentinas de Almirante Brown, con un presupuesto de más de 1.300 millones de pesos; o las obras del Camping Municipal de Avellaneda, también en el Conurbano, con un estimado que supera los mil doscientos millones.
Desde la oposición ven un intento de desprestigiar a las administraciones peronistas, y señalan que si las obras no se continuaron fue porque la nueva administración dejó de girar el dinero. “Luego de aprobado el proyecto y adjudicado te giraban el 30% del dinero y el resto se iba enviando contra presentación de certificados de obra. Las empresas no siguieron porque el discurso de la motosierra era que la obra pública se cortaba. Fueron ellos los responsables de esto”, señalan. / La Tecla
