La administración del presidente Javier Milei avanzó con la concesión privada de uno de los corredores viales más importantes del interior bonaerense. La empresa CPC S.A., vinculada al empresario Cristóbal López y al Grupo Indalo, resultó adjudicataria del denominado Tramo Portuario Norte de la Red Federal de Concesiones, que comprende la totalidad de la Ruta Nacional 33 entre Trenque Lauquen y Rosario. El contrato tendrá una duración de 20 años.
La adjudicación, formalizada mediante la Resolución 1.149/2026 del Ministerio de Economía, comprende aproximadamente 528 kilómetros de infraestructura vial distribuidos entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Además de los 447,95 kilómetros de la Ruta 33, el acuerdo incorpora 50,33 kilómetros de la Ruta Nacional 9 y otros 29,76 kilómetros correspondientes a la avenida Circunvalación de Rosario (A-008).
La concesión no significa que las rutas pasen a ser propiedad de la compañía. La infraestructura continuará perteneciendo al Estado nacional, mientras que CPC tendrá a su cargo la explotación, administración, conservación y mantenimiento, además de las obras previstas en los pliegos. El esquema habilita el cobro de peajes y establece obligaciones de servicio y transitabilidad que deberán ser controladas por los organismos nacionales competentes.
Para la Ruta 33, el corredor se extiende desde Trenque Lauquen hasta el empalme con la A-012, cerca de Rosario. En su recorrido atraviesa localidades y zonas productivas fundamentales para el sudoeste bonaerense, el sur santafesino y el transporte de cargas. Entre los puntos previstos para el cobro de peaje figuran Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda, con incorporación progresiva de medios electrónicos.
Uno de los aspectos que concentra atención es el sistema de financiamiento. CPC podrá instalar nuevas estaciones de peaje y modernizar las existentes, incorporando herramientas como TelePASE. Durante la licitación, la firma presentó una oferta de $1.856 más IVA como tarifa de referencia para el corredor. Ese valor corresponde a la propuesta económica y no debe interpretarse como el importe que necesariamente comenzarán a pagar los automovilistas.
La adjudicación vuelve a colocar en el centro del debate el papel de los peajes en el mantenimiento de las rutas nacionales. Para quienes transitan diariamente la 33, la expectativa no se limita a la instalación de nuevas cabinas o a la digitalización del cobro: el punto decisivo será que los recursos recaudados se traduzcan en obras, reparación de calzadas, señalización adecuada y condiciones de circulación más seguras.
Cristóbal López desarrolló negocios en sectores como el petróleo, el juego, los medios de comunicación y la construcción. Su expansión empresarial estuvo especialmente asociada a los años de los gobiernos kirchneristas. La presencia de una firma vinculada al empresario en una concesión estratégica abre interrogantes sobre la continuidad de actores económicos en contratos de infraestructura estatal.
El desafío estará ahora en conocer el cronograma de inversiones, las obras obligatorias, los plazos de ejecución y los mecanismos de fiscalización. La concesión por dos décadas compromete un corredor esencial para la producción y la conectividad regional. Para habitantes y transportistas del interior, la discusión de fondo será si el nuevo modelo garantiza rutas mantenidas, seguras y transitables, y no solamente un nuevo sistema de recaudación.
La decisión del Gobierno nacional vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el interior productivo: ¿quién garantiza que el pago de peajes se traduzca efectivamente en mejores caminos? La Ruta 33 es una vía fundamental para la circulación de la producción agropecuaria, el transporte comercial y la integración de numerosas comunidades. Su mantenimiento no puede quedar subordinado exclusivamente a la rentabilidad de una concesión.
Para el sudoeste bonaerense, el compromiso deberá medirse en resultados concretos: rutas reparadas, banquinas mantenidas, señalización, iluminación donde corresponda y mayor seguridad vial. Después de años de reclamos por el deterioro de la infraestructura nacional, los usuarios tendrán razones para exigir transparencia, controles efectivos y cumplimiento de las inversiones comprometidas.
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