Familias endeudadas: el problema no está en los bancos, sino en los ingresos

La morosidad de los hogares argentinos dejó de ser un dato aislado del sistema financiero para convertirse en un indicador de la crisis de ingresos. El Banco Central informó que la irregularidad de las financiaciones a familias llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 5,2% de igual mes del año anterior. El salto muestra que el problema excede una decisión puntual de consumo y de alcance nacional.

El dato oficial contradice la explicación que atribuye el incumplimiento a la compra de televisores para el Mundial o a las apuestas. Un relevamiento de Zentrix citado por Infobae señaló que el 56,4% de los hogares tomó crédito en los seis meses previos para gastos cotidianos, tarjetas, servicios, alquiler o cancelar deudas. Casi nueve de cada diez de ese grupo tuvo luego dificultades para pagar hoy.

La evidencia sobre el destino del crédito también resulta significativa: según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, el 62,5% del uso de tarjetas se concentra en alimentos. La CAME sostuvo, además, que las familias logran sostener consumos básicos como comida, bebidas y farmacia, mientras el resto de los gastos se retrae. Endeudarse aparece así como una forma de llegar a fin de mes.

La presión no se limita al vencimiento de una tarjeta. Datos difundidos a partir del Banco Central indican que el servicio de la deuda financiera absorbió cerca del 24% de la masa salarial, mientras que, al sumar gastos fijos, una familia promedio compromete casi la mitad de sus ingresos. Cuando el salario pierde frente a los precios, el crédito deja de financiar bienes durables y pasa a cubrir necesidades inmediatas.

La discusión pública debería partir de esa transformación. Reestructurar deudas, reducir costos financieros y mejorar la información pueden evitar que la mora se profundice, pero no sustituyen una recuperación de los ingresos. Si la capacidad de pago depende de pedir un nuevo préstamo para comprar alimentos o cancelar el anterior, cualquier alivio aislado posterga el problema y aumenta la vulnerabilidad del hogar.

Por eso, una respuesta centrada en auxiliar a los bancos sería insuficiente y socialmente regresiva si no protege primero a quienes perdieron poder adquisitivo. La salida exige salarios y jubilaciones que recuperen capacidad de compra, empleo registrado, tarifas compatibles con los ingresos y mecanismos de regularización que no castiguen a las familias. La morosidad no se resolverá culpando al deudor, sino recomponiendo su ingreso.

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