El campo bonaerense vuelve a quedar bajo la lupa por el peso del Impuesto Inmobiliario Rural. Un informe de la organización Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) comparó la carga fiscal provincial sobre explotaciones agrícolas y encontró diferencias enormes entre Buenos Aires y otras provincias productivas como Córdoba y Santa Fe, con montos que llegan a multiplicarse hasta catorce veces según la jurisdicción.
El estudio, denominado Monitoreo Fiscal Subnacional, tomó como referencia una chacra agrícola de escala media, con 200 hectáreas de producción y una camioneta valuada en 40 millones de pesos, con ingresos anuales estimados en 136 millones. Según ese relevamiento, la carga tributaria provincial total en Buenos Aires equivale al 13,1% de los ingresos, muy por encima del 3,25% de Mendoza, el 1,02% de Córdoba y el 0,93% de Santa Fe.
Juan Pérez Naufel, director ejecutivo de ICD, explicó que el relevamiento considera los impuestos inmobiliarios urbano y rural, el automotor, Ingresos Brutos y Sellos. Según precisó, el principal factor que explica la disparidad es el Inmobiliario Rural bonaerense, cuya incidencia ronda el 11,54% de los ingresos anuales, es decir, casi la totalidad de la carga tributaria provincial que soporta el productor agropecuario.
El informe también advierte sobre la falta de previsibilidad del esquema bonaerense. Dos explotaciones casi idénticas, con apenas 100.000 pesos de diferencia en su valuación fiscal, pueden pagar montos muy distintos: una valuada en 75,1 millones tributa 600.800 pesos, mientras que otra de 75,2 millones salta de tramo y debe abonar 900.621 pesos, un incremento cercano al 50% del monto anual del impuesto.
De acuerdo con ICD, ese salto no depende solo de las alícuotas vigentes, sino de una combinación de valuaciones fiscales, coeficientes de actualización, escalas y criterios administrativos difíciles …
… de anticipar para el contribuyente. Esa combinación de variables vuelve al sistema bonaerense menos transparente y más imprevisible que el de las demás provincias agrícolas del país analizadas por el estudio.
El contraste se explica también por las políticas fiscales recientes de cada distrito. Córdoba fijó para 2026 un tope de actualización del 29,7% para el Inmobiliario Rural, muy por debajo de la inflación acumulada, dentro de un plan provincial de reducción de impuestos que busca dar previsibilidad al sector productivo y contener el peso del tributo sobre la actividad agropecuaria local en un año de alta inflación.
Santa Fe, por su parte, aplicó en 2026 un incremento del 14,02% en las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural, calculado según la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor para productos agropecuarios. Además, la provincia mantiene descuentos de hasta el 50% para pequeños productores y beneficios adicionales para quienes trabajan directamente su propio campo, según la normativa vigente.
El propio informe de ICD describe la valuación fiscal bonaerense como “alta, con bases imponibles indexadas de mercado”, mientras clasifica como “moderada” la de Córdoba, por sus valores históricos con tope, y como “baja” la de Santa Fe, donde los ajustes de la base imponible están congelados por ley desde hace varios ejercicios fiscales consecutivos. Esa diferencia de criterios explica buena parte de la brecha.
El trabajo de ICD deja planteada una pregunta de fondo para el debate tributario argentino: si resulta razonable que una misma explotación agrícola enfrente una presión fiscal hasta catorce veces superior solo por estar radicada en una provincia distinta del país. La discusión se suma así a la que ya existe desde hace bastante tiempo en torno a las retenciones nacionales que pesan sobre el sector agropecuario.
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