Un grupo de vecinos proteccionistas de Coronel Suárez hizo pública una fuerte advertencia sobre lo que consideran un “abandono de la salud pública animal” en el distrito, al denunciar la suspensión y precariedad del servicio municipal de castraciones gratuitas. La preocupación fue difundida a través del portal bahiense La Nueva, donde señalaron que la problemática excede los límites del partido y genera consecuencias en toda la región.
Según expresaron los vecinos, el sistema de turnos para castraciones es hoy insuficiente para atender la demanda real. “El servicio es prácticamente inexistente o se entrega a cuentagotas”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que la falta de continuidad impide planificar campañas efectivas de control poblacional.
Las organizaciones proteccionistas sostienen que la castración masiva, sistemática y sostenida es la única herramienta eficaz para frenar la sobrepoblación animal y prevenir enfermedades zoonóticas. Sin embargo, aseguran que en el distrito no existe un cronograma regular ni operativo que alcance a las distintas colonias y pueblos que integran el partido.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el llamado “efecto derrame”. De acuerdo con la denuncia, la falta de control en Coronel Suárez provoca el incremento de animales abandonados que deambulan por rutas y terminan desplazándose hacia localidades vecinas.
En ese sentido, advierten que se trata de un problema de salud pública que trasciende las fronteras municipales y que impacta en toda la zona de influencia, tanto por el riesgo sanitario como por los accidentes viales que pueden generarse a partir de la presencia de animales sueltos.
Los firmantes del comunicado cuestionaron directamente a la actual gestión del Ejecutivo local por desatender —según indican— una política pública que, además de ser una demanda social sostenida, se encuentra contemplada dentro de las responsabilidades del Estado municipal. “Los vecinos y las protectoras locales ya no podemos suplir con recursos propios lo que el Estado debería garantizar por presupuesto y responsabilidad civil”, expresaron.
El reclamo busca visibilizar la situación ante la opinión pública regional y generar presión institucional para que se retomen las campañas gratuitas de esterilización. “La salud pública no conoce de fronteras municipales”, concluyeron, al advertir que el desinterés de una administración local puede convertirse en un problema compartido por toda la región.
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