Enojo por cobro de Vialidad a la Iglesia por el uso de la banquina en peregrinación

Vialidad cobró $560.000 a la Iglesia por el uso de la banquina en una peregrinación y estalló el enojo en Misiones. La tradicional peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, uno de los eventos religiosos más importantes de Misiones, quedó envuelta este año en una inesperada polémica. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) le cobró a la Iglesia Católica $560.000 por utilizar la banquina de la ruta nacional 12 durante el recorrido de la 24ª edición de la procesión, realizada el fin de semana pasado.

El hecho generó malestar entre los organizadores y reavivó el debate sobre la relación entre el Estado y las expresiones religiosas de masas. La peregrinación, que reúne cada año a miles de fieles provenientes de Posadas y distintas localidades misioneras, es un evento histórico y profundamente arraigado en la vida cultural y espiritual de la provincia. Desde hace más de dos décadas, los peregrinos avanzan por banquinas y caminos vecinales con un acompañamiento logístico coordinado por parroquias, voluntarios y fuerzas de seguridad locales. Este año, sin embargo, la organización recibió un aviso inesperado.

Según relató el sacerdote responsable de la convocatoria, la DNV informó por correo electrónico —y con apenas 48 horas de anticipación— que la Iglesia debía abonar un canon obligatorio para poder hacer uso de la banquina. El monto fijado: $560.000, transferidos a través de un CBU oficial del organismo recaudador ARCA. Desde la Iglesia aseguran que no hubo ningún servicio adicional por parte de Vialidad: ni operativos especiales, ni mejoras en la vía, ni asistencia técnica durante la peregrinación.

El pago, señalaron, fue simplemente un requisito para autorizar el paso de los fieles por la zona de camino. La reacción fue inmediata. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, calificó el cobro de “insólito” y anticipó que se evaluará jurídicamente el fundamento de la exigencia. Sostuvo que no existen antecedentes de un cobro similar en las 23 ediciones anteriores y que la medida afecta directamente a una práctica que forma parte del patrimonio espiritual de la región .

Desde Vialidad, en tanto, explicaron que el cobro responde a la normativa vigente, que habilita al organismo a exigir un canon por el uso de la “zona de camino” —término técnico que incluye banquinas y sectores adyacentes a la calzada—, incluso cuando se trate de eventos especiales o manifestaciones masivas. La posición oficial no alivió el malestar: para los organizadores, la aplicación estricta de una regla que nunca antes se había exigido en este tipo de eventos constituye una señal de falta de diálogo y sensibilidad.

Un precedente que inquieta

La medida genera preocupación entre sacerdotes, peregrinos y vecinos. Para muchos, el cobro no solo afecta económicamente a la organización —que depende de donaciones y voluntariado— sino que también sienta un precedente riesgoso: la posibilidad de que en el futuro se cobre por cualquier actividad cultural, deportiva o religiosa que implique el uso parcial de la infraestructura vial. En una provincia donde las peregrinaciones y celebraciones colectivas forman parte de la identidad social, la decisión aparece como un choque entre la lógica administrativa de un organismo nacional y la vivencia comunitaria de un pueblo que concibe estos eventos como parte esencial de su vida cotidiana.

Falta de previsión y comunicación

La notificación tardía fue uno de los puntos más criticados por los organizadores. La planificación de un evento de esta magnitud requiere meses de coordinación, por lo que recibir un requerimiento económico de esta escala a último momento fue interpretado como un acto de improvisación burocrática. El hecho derivó en que la Iglesia tuviera que reorganizar fondos de urgencia para cumplir con la exigencia y evitar la suspensión. Además, la ausencia de contraprestaciones visibles por parte de la DNV alimentó las sospechas de que el cobro tiene más un propósito recaudatorio que de seguridad vial.

¿Una cuestión legal o un conflicto de sentido?

El episodio abre una discusión más amplia: ¿debe el Estado cobrar por el uso de espacios públicos durante manifestaciones religiosas? ¿Cómo se equilibra la normativa vial con expresiones culturales profundamente arraigadas? ¿Es legítimo aplicar un canon sin brindar servicios concretos ni prever mecanismos de consulta? Por ahora, lo único claro es que la polémica está lejos de saldarse. La Iglesia analiza elevar un planteo formal y el debate ya circula entre fieles, dirigentes locales y vecinos de la región. Mientras tanto, la peregrinación a Loreto —una expresión de fe y tradición que este año volvió a convocar multitudes— queda marcada por un hecho inesperado que tensó el vínculo entre la comunidad religiosa y un organismo estatal que, hasta ahora, se limitaba a acompañar sin facturar.