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Los intendentes del interior, atrapados entre la crisis y el abandono

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En el corazón del país, lejos de los grandes centros urbanos, los intendentes del interior viven una de las etapas más difíciles de los últimos años. La falta de obras públicas, el cierre de empresas locales y el aumento del desempleo están poniendo en jaque no solo la economía de sus comunidades, sino también la gobernabilidad misma de los municipios.

Obras paralizadas y promesas incumplidas

Hasta hace poco, la obra pública era el motor que mantenía con vida a muchas economías regionales. Calles pavimentadas, cordones cuneta, redes de gas o ampliaciones de hospitales no solo mejoraban la infraestructura, sino que generaban empleo local y movimiento comercial. Hoy, esa realidad cambió drásticamente. Desde hace meses, numerosos proyectos licitados o en ejecución se encuentran paralizados por falta de fondos nacionales.

Los envíos de dinero se demoran, los pagos a contratistas se interrumpen y los municipios deben absorber costos que no pueden afrontar. “Tenemos máquinas paradas y obreros sin trabajo. Los vecinos piden respuestas, pero la plata no llega”, es una queja que se repite entre intendentes de distintas provincias, sin distinción partidaria.

Cierre de empresas y economías regionales ahogadas

La crisis económica nacional golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas del interior. El aumento de costos, la caída del consumo y la presión impositiva han llevado al cierre de talleres, fábricas y comercios que durante años fueron sostén de la comunidad. Cada persiana baja implica no solo una pérdida económica, sino también familias enteras sin ingresos, jóvenes que emigran y un tejido social que se deshilacha. Los intendentes se ven obligados a contener con recursos mínimos una situación social que se agrava día a día: comedores municipales desbordados, programas de asistencia sin financiamiento y crecientes demandas de ayuda por parte de los vecinos.

Entre la responsabilidad y la impotencia

A diferencia de los gobiernos provinciales o nacional, los municipios no pueden emitir dinero ni endeudarse fácilmente. Su margen de acción es muy limitado: dependen de coparticipación, aportes del tesoro nacional o fondos específicos que hoy están en pausa. Sin embargo, son ellos —los intendentes— quienes ponen la cara ante la gente. Son los primeros en recibir los reclamos, las quejas y la angustia de los vecinos. La crisis nacional se vive con intensidad en el territorio, donde la distancia con el poder central se siente más que nunca.

La urgencia de un plan federal real

Mientras tanto, desde el gobierno nacional se insiste en discursos de ajuste y equilibrio fiscal, pero sin un plan claro de desarrollo federal que contemple las particularidades del interior. La desigualdad entre el centro y la periferia del país se profundiza: las grandes ciudades concentran inversiones y servicios, mientras cientos de pueblos y ciudades medianas luchan por mantener escuelas abiertas, hospitales funcionando y calles transitables. Sin políticas que reactiven la obra pública, incentiven la producción regional y apoyen a las pymes, el futuro del interior parece condenado a la parálisis.

Una voz que clama por ser escuchada

Los intendentes del interior, más allá de su signo político, comparten hoy un reclamo común: ser escuchados. Piden diálogo, previsibilidad y un mínimo de respaldo financiero para sostener lo básico: empleo, infraestructura y contención social. Si el Estado nacional no retoma una mirada verdaderamente federal, el costo no será solo político, sino humano: el vaciamiento del interior profundo y la pérdida de oportunidades para miles de argentinos que todavía apuestan por su lugar en el país.

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