El brutal triple crimen de Lara, Brenda y Morena, con su carga de crueldad y el macabro sello del narcotráfico, es más que una tragedia criminal; es una radiografía de la falla estatal en las zonas más vulnerables de nuestro territorio. La barbarie de la venganza narco no solo sesgó vidas jóvenes, sino que envió un mensaje de terror a toda una sociedad, demostrando que en ciertos barrios, la ley la impone la mafia, no el Estado.
Ante este flagelo, la respuesta no puede ser meramente punitiva. Se requiere una estrategia de cirugía mayor, integral y a largo plazo, que ataque las raíces del problema: la demanda social de drogas, el lavado de dinero y, fundamentalmente, la exclusión social que transforma a jóvenes vulnerables en mano de obra descartable para el crimen organizado.
1. Desfinanciamiento y lucha contra la corrupción: el corazón del crimen organizado
El narcotráfico es ante todo un negocio. La estrategia estatal más efectiva debe centrarse en secar las fuentes de su rentabilidad.
Extinción de Dominio y Lavado de Dinero: Es imperativo agilizar los procedimientos de extinción de dominio para confiscar de forma inmediata los bienes y el patrimonio de los narcotraficantes. Los bienes incautados deben ser utilizados con fines sociales (centros de tratamiento, apoyo a víctimas). Asimismo, se debe fortalecer la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROSELAC (Procuraduría de Narcocriminalidad) para detectar y perseguir las complejas redes de lavado de activos, que en muchos casos se articulan a través de la Triple Frontera y otras plazas financieras.
Investigación Criminal Compleja: Se requiere dotar al fuero federal (el competente en narcotráfico y crimen organizado) de recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia superiores. Esto implica la coordinación total entre la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad para investigar la cúpula de las organizaciones transnacionales, y no solo a los eslabones más bajos (soldaditos y mulas).
Tolerancia Cero a la Corrupción: Las organizaciones criminales solo prosperan cuando logran la connivencia o complicidad de actores estatales. El Estado debe implementar mecanismos rigurosos de control interno en las fuerzas de seguridad, el sistema penitenciario y la Aduana para erradicar la corrupción que les permite operar impunemente.
2. Presencia estatal y prevención social: recuperar el territorio
El narcotráfico se apodera de los barrios donde el Estado está ausente. La seguridad y la justicia deben ser complementadas con políticas de inclusión social.
Urbanización Integral y Servicio Social: Las “villas miseria” y los barrios vulnerables no necesitan solo presencia policial, sino una urbanización completa: acceso a servicios básicos, salud, cloacas, y, crucialmente, espacios de contención social. Esto incluye la creación de Centros de Día y el apoyo a las organizaciones barriales (clubes, iglesias) que ofrecen alternativas de vida a los jóvenes.
Salud Pública y Adicciones: El problema de la droga es también de salud pública. Se debe ampliar drásticamente la capacidad de los centros de tratamiento y rehabilitación (prevención y reducción de la demanda), garantizando un acceso rápido y gratuito para los adictos, que son víctimas del sistema narco.
Estrategia de Seguridad Diferenciada: La policía debe pasar de la presencia pasiva a una intervención comunitaria inteligente y de cercanía. Es crucial la capacitación para la investigación de búnkeres de venta local (narcomenudeo) y el desmantelamiento de las zonas liberadas donde se reclutan a jóvenes y adolescentes.
3. Justicia penal eficaz: la certeza del castigo
La impunidad es el combustible del crimen.
Fortalecimiento del Sistema Judicial: Asegurar que las penas impuestas, especialmente la prisión perpetua para delitos atroces, sean efectivamente cumplidas. Es necesario reformar el sistema penitenciario para evitar que las cárceles se conviertan en “universidades del crimen” y centros de operación logística para las bandas, tal como lo han señalado diversos expertos.
Ley Antimafia/Crimen Organizado: Se debe utilizar y potenciar herramientas legales que permitan sumar delitos y agravar las penas para quienes operan como parte de una asociación ilícita jerárquica (organización criminal), facilitando la persecución de los jefes y no solo de los ejecutores.
El triple crimen de Lara, Brenda y Morena es un grito desgarrador. El Estado tiene la obligación moral y legal de responder con una estrategia que, más allá de la indignación del momento, garantice que ninguna joven más tenga que enfrentar la ley brutal e implacable del narcotráfico. Es hora de que el terror cambie de bando.
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