La indefensión ante la VTV: entre costo, rutas destruidas y multas millonarias

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) nació como una herramienta para garantizar la seguridad vial y reducir los riesgos de accidentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mecanismo se transformó en una pesada carga económica y burocrática para millones de conductores, que hoy se ven atrapados entre la obligación de cumplirla, el deterioro de las rutas y la amenaza de sanciones desmedidas.

El costo que no da respiro

El precio de la VTV, que varía según la jurisdicción, se ha convertido en un golpe directo al bolsillo. En un contexto de inflación y recesión, donde mantener un vehículo ya representa un esfuerzo casi imposible, sumar una tarifa elevada por la verificación resulta insoportable para muchos usuarios. Lo que debería ser un control razonable y accesible se transformó en otro impuesto encubierto.

Rutas en estado deplorable

La contradicción más evidente surge al comparar la exigencia de tener vehículos en perfecto estado con el abandono de gran parte de la red vial. Baches, banquinas desbordadas, falta de señalización y tramos intransitables son moneda corriente en rutas nacionales y provinciales. Se obliga al ciudadano a mantener su auto al día bajo amenaza de sanción, pero el Estado no cumple con su obligación básica: garantizar caminos seguros.

Multas desproporcionadas

El cuadro se vuelve aún más absurdo al considerar las multas por no realizar la VTV. En algunas jurisdicciones, la sanción puede alcanzar cifras obscenas, llegando hasta 1.600.000 pesos. Una suma que no solo resulta desmedida, sino que roza lo confiscatorio. Lejos de ser un incentivo para fomentar la regularización, estas penas castigan de manera brutal a quienes ya están ahogados por la situación económica.

Una ciudadanía indefensa

El resultado es un ciudadano indefenso, atrapado en un sistema que no le ofrece alternativas. Paga una verificación costosa, circula por rutas deterioradas y vive bajo la amenaza de multas que superan por mucho cualquier razonabilidad. El discurso oficial insiste en la “seguridad vial”, pero la realidad deja al descubierto que se trata más de una máquina recaudatoria que de un verdadero servicio público.

La paradoja de la seguridad

Mientras se exige el cumplimiento de la VTV con rigurosidad extrema, la inseguridad vial proviene, en gran medida, de factores ajenos al estado mecánico de los autos: el estado deplorable de los caminos, la falta de controles de tránsito efectivos y la ausencia de políticas de prevención. En ese contexto, la verificación obligatoria se percibe como una imposición más, injusta y desproporcionada.

En definitiva …

En definitiva, la VTV dejó de ser un mecanismo de prevención para transformarse en un negocio que esquilma a los conductores. Mientras los gobiernos, nacionales y provinciales, miran hacia otro lado con rutas intransitables y nula inversión en seguridad vial, descargan todo el peso de la responsabilidad en el ciudadano común. Obligan, castigan y recaudan, pero no cumplen. La seguridad vial no puede ser excusa para justificar una maquinaria de multas millonarias y controles arbitrarios que solo profundizan la indefensión de los usuarios.