Democracias debilitadas: cuando los gobiernos eligen silenciar al periodismo en lugar de rendir cuentas. En la historia reciente de América Latina y otras regiones del mundo, varios gobiernos democráticamente elegidos enfrentaron escándalos de corrupción. Ante la disyuntiva de dar explicaciones al pueblo o intentar controlar la narrativa, muchos optaron por la segunda vía: el silenciamiento del periodismo. Esta estrategia, sin embargo, nunca resultó inocua. Allí donde se intentó coartar la libertad de prensa, la democracia se debilitó, la corrupción se profundizó y la confianza social se erosionó.
La prensa cumple una función esencial: actúa como un contrapeso al poder político, económico y judicial. Cuando los gobiernos transparentan sus decisiones, las sociedades disponen de información para evaluar la gestión y exigir correcciones. En cambio, cuando los dirigentes intentan censurar medios, perseguir periodistas o manipular la publicidad oficial para premiar o castigar líneas editoriales, la democracia pierde oxígeno.
Estrategias de silenciamiento
Los mecanismos más frecuentes que emplearon los gobiernos para evitar dar explicaciones incluyen:
Censura directa o indirecta: amenazas legales, demandas judiciales abusivas o presiones económicas.
Uso selectivo de la pauta oficial: premiando medios afines y castigando a los críticos.
Campañas de desprestigio: acusando a periodistas de ser “enemigos del pueblo” o “cómplices de intereses extranjeros”.
Concentración de medios bajo control de empresarios cercanos al poder político.
Estas prácticas se repiten en distintos contextos y partidos, sin importar la ideología que los encubra.
Consecuencias políticas y sociales
La experiencia demuestra que los gobiernos que optaron por silenciar al periodismo no lograron blindarse de los efectos corrosivos de la corrupción, sino todo lo contrario:
Desconfianza ciudadana: la opacidad alimenta la sospecha, y donde no hay explicaciones, se multiplican los rumores.
Fragilidad institucional: cuando la justicia y los organismos de control actúan de manera selectiva, el sistema pierde credibilidad.
Protesta social: al no encontrar respuestas en los canales formales, los ciudadanos recurren a las calles.
Colapso político: en muchos casos, las democracias derivaron en crisis de gobernabilidad, renuncias anticipadas o alternancias traumáticas.
Ejemplos en la región y el mundo
En Perú, la caída de Alberto Fujimori en 2000 evidenció cómo la compra de líneas editoriales y la persecución a la prensa no impidieron que finalmente los “vladivideos” revelaran el entramado de corrupción. En Venezuela, la política sistemática de censura y control mediático terminó por sofocar el pluralismo, debilitando la calidad democrática hasta transformarla en un régimen autoritario. En Hungría y Turquía, gobiernos electos redujeron gradualmente la libertad de prensa hasta casi sofocar la crítica, lo que derivó en democracias iliberales con graves cuestionamientos internacionales.
El dilema pendiente
Los gobiernos que eligen callar al periodismo en vez de dar explicaciones olvidan que en democracia el poder no es un patrimonio, sino un mandato temporal. La transparencia, la rendición de cuentas y el debate abierto son pilares que sostienen la legitimidad. Reemplazarlos por el silencio, la amenaza y la manipulación mediática no solo debilita a los medios, sino a la propia democracia.
En definitiva, cada vez que un gobierno acalla al periodismo, pierde una oportunidad de fortalecer la confianza ciudadana y perpetúa la espiral de sospecha y corrupción. La historia demuestra que, tarde o temprano, el silencio se rompe y la verdad emerge con más fuerza de la que se quiso reprimir.
