La Argentina posee una de las redes viales más extensas de la región, con cerca de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y aproximadamente 180.000 kilómetros de rutas provinciales. A esto se suma un vasto entramado de caminos municipales y vecinales que eleva el total a más de medio millón de kilómetros. Sin embargo, esta magnitud, que debería ser motivo de orgullo y motor de integración, se ha transformado en un escenario de peligro permanente por el abandono estatal y la imprudencia de muchos conductores.
Un entramado extenso pero deteriorado
Menos de un tercio de las rutas nacionales se encuentran en buen estado. El resto presenta baches profundos, banquinas descalzadas, calzadas angostas y señalización deficiente. En las rutas provinciales, la situación es aún más grave: cientos de kilómetros se convierten en trampas mortales que, en lugar de conectar, aíslan a comunidades enteras. Y los caminos municipales —la red más extensa— muchas veces no pasan de huellas de tierra que, con las lluvias, quedan intransitables.
La falta de inversión sostenida, la ausencia de planificación integral y el traspaso constante de responsabilidades entre Nación, provincias y municipios han generado un cuadro de deterioro crónico. Se anuncian obras que rara vez se terminan, concesiones que incumplen compromisos y presupuestos que ajustan siempre a costa de la seguridad vial.
El costo humano del abandono
Las consecuencias se traducen en vidas perdidas. Cada año mueren más de 4.000 personas en siniestros viales en el país, lo que equivale a un promedio de casi 12 muertes por día. Más de la mitad de estas tragedias ocurren en rutas, donde el mal estado de la infraestructura se combina con factores humanos. Jóvenes entre 15 y 34 años representan el grupo más afectado, con una alta proporción de víctimas en motocicletas.
La estadística más dura muestra que gran parte de los accidentes fatales se producen por adelantamientos indebidos, invasión de carril contrario y maniobras bruscas. Es decir, la irresponsabilidad de los conductores se suma al deterioro de las carreteras, formando una mezcla letal. El exceso de velocidad, la falta de controles efectivos y el incumplimiento de normas básicas como el uso del cinturón o casco completan un panorama desolador.
La indiferencia de los tres Estados
Nación, provincias y municipios cargan con responsabilidades que no asumen. El Estado nacional se limita a tramos puntuales y a obras inconclusas; los gobiernos provinciales no logran mantener sus redes y muchas veces priorizan el corto plazo; mientras que los municipios, con presupuestos escasos, carecen de capacidad real para sostener sus caminos. En vez de un esfuerzo coordinado, lo que predomina es la fragmentación y la indiferencia.
Una deuda social impostergable
Detrás de cada bache, de cada banquina rota, de cada señal borrada y de cada conductor imprudente, hay vidas que se pierden y familias destruidas. La infraestructura vial debería ser el eje de la integración territorial y productiva del país, pero hoy es uno de sus mayores pasivos.
Las rutas argentinas muestran la peor cara de un Estado ausente y de una sociedad que muchas veces conduce sin conciencia. El resultado no son “accidentes inevitables”, sino tragedias anunciadas. Y hasta que no exista un compromiso real de los tres niveles de gobierno, acompañado de una cultura vial más responsable, cada kilómetro recorrido seguirá siendo una ruleta rusa.
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