En 2025, el problema del arsénico en el agua destinada al consumo humano en la Provincia de Buenos Aires continúa siendo una de las amenazas sanitarias más subestimadas y, a la vez, más persistentes del sistema de abastecimiento público. Aunque se trata de un contaminante de origen natural, su presencia crónica en los acuíferos utilizados para el suministro de agua afecta a miles de familias, especialmente en zonas rurales y del interior provincial.
El arsénico se encuentra principalmente en las napas subterráneas debido a la composición geológica del suelo pampeano, donde durante miles de años se han acumulado sedimentos con restos volcánicos provenientes de la Cordillera de los Andes. Estos materiales, al filtrarse con las aguas subterráneas, liberan arsénico que luego termina en las redes de distribución, pozos domiciliarios y perforaciones comunitarias.
Si bien el Código Alimentario Argentino y las recomendaciones internacionales fijan en 0,01 miligramos por litro (10 microgramos por litro) el límite máximo tolerable para consumo humano, en gran parte del oeste y sur bonaerense los niveles detectados superan ampliamente esa cifra. En algunos casos, las concentraciones cuadruplican o quintuplican el umbral permitido, generando un riesgo sanitario directo para las poblaciones expuestas.
Los efectos del consumo prolongado de agua con arsénico son graves: lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares, afecciones hepáticas y renales, y una mayor probabilidad de desarrollar distintos tipos de cáncer. Esta condición, conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), ya ha sido documentada en varias regiones del país.
Pese a la magnitud del problema, las respuestas institucionales han sido, hasta ahora, parciales y desiguales. Mientras en algunos municipios los sistemas de potabilización logran mantener niveles aceptables, en otros —sobre todo donde el servicio está en manos de prestadoras provinciales o depende de perforaciones privadas— el control y tratamiento del agua es insuficiente o directamente inexistente. En varias localidades del interior, vecinos han recurrido a la justicia para exigir el cumplimiento de los estándares sanitarios mínimos, con fallos favorables que obligan a las autoridades a actuar.
En paralelo, universidades públicas y centros de investigación desarrollan tecnologías accesibles para remover el arsénico del agua. Uno de los avances más prometedores es el uso de sistemas basados en hierro metálico, que permiten eliminar el contaminante sin requerir infraestructura compleja ni altos costos operativos. Estos desarrollos, sin embargo, aún no se implementan a gran escala y requieren decisión política para su adopción masiva.
El acceso al agua segura no puede depender del código postal ni de la capacidad de movilización de una comunidad. Es urgente establecer un plan provincial integral, con recursos asignados, monitoreo continuo y soluciones tecnológicas adaptadas a cada localidad. Lo que está en juego es la salud de generaciones enteras. El arsénico no espera.
