El Estado y su deber de resguardar la vida: ¿se puede reclamar por accidentes provocados por el mal estado de las rutas? Las rutas de nuestra región atraviesan un estado crítico. Quienes las transitan a diario lo saben: pozos profundos que obligan a maniobras de emergencia, banquinas desmoronadas, baches encadenados que parecen trampas, falta de iluminación, señalización deficiente o directamente ausente.
A esto se suma el abandono de obras iniciadas y nunca terminadas, y la falta de mantenimiento básico durante meses —e incluso años— en tramos clave para el tránsito regional. En este contexto, se han multiplicado los accidentes viales con consecuencias graves e incluso fatales. Automovilistas, motociclistas, ciclistas, transportistas: nadie está exento del peligro que representa circular por rutas deterioradas, convertidas en verdaderos escenarios de riesgo.
Las estadísticas pueden subestimarse, pero la realidad golpea: detrás de cada siniestro hay una historia concreta, hay familias afectadas, hay daños materiales, físicos y emocionales, hay vidas alteradas por completo. Y frente a esta situación, surge una pregunta urgente y necesaria: ¿Puede un ciudadano reclamar legalmente al Estado cuando sufre un accidente a causa del mal estado de una ruta? ¿Hay herramientas para exigir responsabilidad y reparación? La respuesta es sí.
Porque aunque muchas veces se crea lo contrario, el Estado sí tiene responsabilidad legal sobre la conservación de la infraestructura vial, y cuando esa responsabilidad no se cumple —por omisión, desidia o negligencia— los ciudadanos no están indefensos: existen marcos legales y precedentes judiciales que permiten reclamar.
Una realidad que se cobra vidas
No se trata de hechos aislados. En distintas localidades de la región se multiplican los siniestros viales en rutas provinciales y nacionales que no están siendo mantenidas, a pesar de las denuncias de vecinos, transportistas y autoridades locales. El deterioro es progresivo y evidente. En varios tramos, el tránsito cotidiano implica un verdadero riesgo, ya sea para vehículos particulares, motociclistas o transportistas. Y sin embargo, no hay respuestas efectivas ni intervenciones urgentes. Detrás de cada accidente no solo hay un parte policial: hay vidas afectadas, daños materiales, lesiones graves, y familias enteras golpeadas por una situación que pudo haberse evitado.
¿Qué dice la ley? El marco que habilita a reclamar
El marco legal argentino es claro: el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de seguridad en la infraestructura vial. Cuando esa obligación no se cumple, y esa omisión provoca un daño, existe el derecho a reclamar.
Las bases legales están en:
Constitución Nacional: en su artículo 43 habilita la acción de amparo frente a omisiones estatales que afecten derechos.
Código Civil y Comercial de la Nación: establece la responsabilidad por omisión y el deber de reparación del daño (artículos 1730 y siguientes).
Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado: en su artículo 4, responsabiliza al Estado por “la omisión de cumplir con sus deberes legales”, cuando esto genera perjuicios.
Además, la jurisprudencia argentina ya ha fallado en varias ocasiones a favor de ciudadanos que han sufrido accidentes por el mal estado de caminos o rutas. En muchos casos, los jueces han señalado que el Estado no puede desentenderse de la seguridad vial, y que debe responder cuando su inacción genera un daño evitable.
Dos caminos posibles: reparación y prevención
Frente a esta realidad, existen dos herramientas legales que los ciudadanos pueden utilizar:
1. Reclamo administrativo y judicial
Cuando una persona sufre un accidente causado por el mal estado de la ruta, puede iniciar un reclamo por daños y perjuicios. Esto incluye:
Daños materiales (vehículos, pertenencias).
Lesiones físicas y sus tratamientos.
Lucro cesante (pérdida de ingresos).
Daño moral.
El primer paso es hacer un reclamo administrativo ante el organismo responsable (Vialidad Nacional o Provincial, según corresponda). Si no hay respuesta o es negativa, se puede avanzar a la vía judicial.
2. Amparo preventivo
Cuando un tramo de ruta representa un peligro grave y actual, cualquier ciudadano o institución puede presentar una acción de amparo solicitando que se realicen las obras necesarias con urgencia. Esta herramienta busca prevenir que se sigan produciendo accidentes y tiene cada vez más peso en los tribunales.
¿Qué se necesita para reclamar?
Pruebas del hecho: fotos del lugar, del estado del camino, informes médicos, parte policial, testigos.
Identificar al responsable: determinar si la ruta depende de Vialidad Nacional, Provincial o el municipio.
Asesoramiento legal: es clave contar con la guía de un abogado/a especializado/a en derecho administrativo o en responsabilidad del Estado.
¿Y si nadie reclama?
El silencio o la resignación frente a estos hechos perpetúa el abandono. Cada reclamo no solo busca reparación individual, sino que también presiona para que el Estado cumpla con sus funciones y evite futuras tragedias. Las rutas son una responsabilidad pública, y el acceso a una circulación segura no es un lujo: es un derecho constitucional.
Una oportunidad para organizarnos y actuar
La creciente cantidad de accidentes en la región no puede seguir siendo naturalizada. Si no hay respuestas desde el poder público, es deber de la ciudadanía organizarse, visibilizar la problemática y recurrir a las herramientas legales disponibles. No se trata solo de reclamar por lo ya perdido, sino de exigir que no haya más víctimas evitables por rutas olvidadas. Reclamar no es confrontar, es defender el derecho a circular seguros. Y exigir al Estado lo que le corresponde: cuidar la vida de quienes transitan por sus caminos.
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