La reciente decisión del Gobierno nacional de clausurar el programa Procrear mediante la resolución 764/2025 ha generado una fuerte preocupación en múltiples sectores de la sociedad. Si bien el cierre se presenta como una medida administrativa, sus consecuencias trascienden ampliamente lo burocrático: implica un retroceso en términos de inclusión social, desarrollo profesional, generación de empleo, dinamización de la economía local y acceso a la vivienda digna.
El fin de un modelo virtuoso
Durante más de una década, el Procrear fue mucho más que un plan de créditos hipotecarios. Representó una política de Estado que articuló las necesidades de la ciudadanía con la capacidad productiva del país. A través de distintas líneas de financiamiento, permitió construir, ampliar o refaccionar más de medio millón de viviendas. Cada proyecto fue una puerta abierta al trabajo para arquitectos, ingenieros, albañiles, electricistas, gasistas, carpinteros, y también un impulso directo para miles de comercios como corralones, ferreterías, madereras y prestadores de servicios.
Esa articulación generaba lo que muchos definen como un “círculo virtuoso”: desde el crédito al ciudadano hasta la compra de materiales, pasando por el empleo directo y el pago de tributos locales, todo el proceso estaba enraizado en las economías regionales. La vivienda se volvía así no solo un derecho, sino también un factor dinamizador de la economía.
La arquitectura como motor social
Uno de los sectores más golpeados con esta medida es el de los arquitectos. Desde el Colegio que nuclea a los profesionales del rubro, advierten que el cierre del Procrear tendrá consecuencias “graves y duraderas”, no solo porque limita el acceso al trabajo, sino porque corta una vía de desarrollo profesional consolidada en los últimos años.
Muchos arquitectos jóvenes encontraron en este programa su primer campo de acción real. Lejos de proyectos elitistas o grandes desarrollos inmobiliarios, se trataba de diseñar viviendas reales para personas reales, con presupuestos ajustados, con creatividad e ingenio como principales herramientas. La experiencia profesional ganada en ese proceso es invaluable y difícilmente replicable en otros ámbitos del mercado privado, hoy fuertemente concentrado y excluyente.
El valor arquitectónico y urbanístico del Procrear también fue relevante: muchas de las viviendas se pensaron con criterios de eficiencia energética, integración barrial, respeto por el entorno y calidad espacial. El cierre del programa implica también una interrupción de esa tendencia hacia un hábitat más digno y sostenible.
Un golpe a la clase media y trabajadora
La desaparición del Procrear deja a miles de familias de clase media y trabajadora en una situación de absoluta incertidumbre. En un país donde el mercado inmobiliario está dolarizado y el crédito privado es prácticamente inaccesible para la mayoría de la población, la intervención del Estado era la única posibilidad concreta para el acceso a la vivienda.
Quienes estaban en proceso de adjudicación o ya contaban con un crédito aprobado se ven hoy ante la angustia de no saber si podrán finalizar sus obras o, directamente, si perderán la posibilidad de construir su casa. Más allá de los aspectos técnicos o financieros, el daño emocional y psicológico sobre las familias también debe ser considerado.
Además, sin una política pública que lo reemplace, el déficit habitacional —que supera los 3,5 millones de hogares en Argentina— seguirá creciendo. El mercado no puede ni quiere resolver esa carencia estructural: lo ha demostrado sobradamente. Sin el impulso del Estado, el derecho a la vivienda se vuelve un privilegio para pocos.
La economía regional: otro damnificado
Uno de los efectos menos visibles pero más profundos del Procrear fue su capacidad de movilizar las economías regionales. Cuando una familia comenzaba una obra, no solo contrataba un arquitecto y un albañil: también compraba materiales en negocios locales, pagaba servicios, alquilaba maquinaria, contrataba seguros, adquiría electrodomésticos, hacía refacciones. Ese dinero circulaba en la comunidad, multiplicando su impacto.
El cierre del programa implica la desaceleración o paralización de miles de obras. Esto no solo implica menos trabajo para los profesionales del sector, sino también menos consumo, menos movimiento económico y, finalmente, más desempleo. En un contexto de crisis inflacionaria y recesión, es una medida que puede agravar aún más la fragilidad del tejido económico local.
¿Y ahora qué?
El Procrear no era perfecto. En los últimos años había perdido fuerza y visibilidad, y muchos beneficiarios se quejaban por demoras y ajustes en las condiciones crediticias. Sin embargo, incluso con esas limitaciones, seguía siendo una herramienta concreta para quienes soñaban con una casa propia. Su eliminación, sin una alternativa clara, deja un vacío difícil de llenar.
Desde distintos sectores profesionales y sociales se reclama al Estado una política habitacional integral, sostenida en el tiempo y pensada en función de las necesidades reales de la población. No se trata solo de números o de partidas presupuestarias: se trata de la posibilidad de construir un país más justo, con oportunidades para todos.
La vivienda es un derecho humano fundamental. Y los profesionales de la arquitectura, al igual que las miles de personas que trabajaban directa o indirectamente con el programa, no solo reclaman por su fuente de trabajo: reclaman por un modelo de país donde producir vivienda no sea una utopía, sino una política pública esencial.
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