En medio de la controversia nacional por los aumentos salariales en el Congreso, Coronel Suárez, se ve envuelta en una polémica similar que pone en el centro del debate la ética y la responsabilidad política. La polémica en Coronel Suárez se originó a raíz de una medida tomada por el intendente Ricardo Moccero, quien redujo la jornada laboral de los empleados municipales de 40 a 32,5 horas semanales sin afectar sus salarios.
Esta decisión implicó un incremento en el valor de la hora trabajada. Aunque los concejales no pueden modificar su régimen horario por ley, sus dietas están atadas al valor de la hora municipal, lo que resultó en un aumento automático del 23% en sus remuneraciones. Este incremento generó críticas, especialmente en un contexto económico difícil para el municipio, que enfrenta una deuda significativa y restricciones presupuestarias.
Ante la controversia, los concejales del bloque Unión por la Patria – Movimiento para la Victoria (UxP-MPV) decidieron donar el 23% adicional de sus dietas a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Esta acción se alinea con medidas anteriores del bloque, que en 2019 ya había anunciado una reducción voluntaria del 25% de sus sueldos para destinarlos a programas sociales, en respuesta a la crisis económica que atravesaba el municipio en ese momento.
Coronel Suárez ha enfrentado desafíos económicos significativos en los últimos años. En 2019, al asumir nuevamente como intendente, Moccero denunció una deuda de más de 160 millones de pesos heredada de la gestión anterior …
… y una afectación del 95% del presupuesto municipal al pago de salarios. Esta situación llevó a la implementación de medidas de austeridad, como la reducción de la planta política, congelamiento de vacantes y recortes en gastos no esenciales.
La situación en Coronel Suárez refleja un debate más amplio sobre la ética en la función pública y la responsabilidad de los funcionarios en tiempos de crisis. Mientras algunos consideran que los aumentos automáticos son una consecuencia legal de las decisiones administrativas, otros argumentan que los funcionarios deben actuar con sensibilidad y adaptar sus remuneraciones a la realidad económica de la comunidad.
La decisión del bloque UxP-MPV de donar el aumento recibido puede ser vista como un gesto de compromiso con la comunidad y una forma de mitigar las críticas, aunque también pone de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos que vinculan las remuneraciones políticas a las decisiones administrativas, para evitar situaciones similares en el futuro.
En conclusión, la polémica en Coronel Suárez subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, especialmente en contextos económicos adversos, y plantea interrogantes sobre cómo deben actuar los funcionarios ante beneficios que, aunque legales, pueden ser percibidos como injustos por la ciudadanía.
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