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En una Argentina atravesada por una crisis profunda, el Estado no solo ha dejado de ser garante de derechos: se ha transformado en una maquinaria de exclusión. Las becas estudiantiles se diluyen, los salarios estatales se pulverizan, las jubilaciones y pensiones se licúan, y las personas con discapacidad quedan atrapadas en un laberinto burocrático que margina y descarta. Lo que el Gobierno presenta como “orden” y “racionalidad fiscal” es, en los hechos, una crueldad institucional que castiga sin miramientos a los más vulnerables.
Educación: estudiar o comer
El programa Progresar, diseñado para acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, hoy no cumple ni siquiera con su función mínima. Los pagos llegan tarde o directamente no se concretan. El monto, que debería servir como incentivo, no alcanza para pagar fotocopias ni pasajes. El Estado desincentiva el estudio, como si la educación fuera un privilegio y no un derecho. Esto se da en un contexto donde más del 50% de los niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza. Lejos de ampliar la igualdad de oportunidades, el Estado actual profundiza la brecha.
Salarios estatales por debajo del umbral de la dignidad
En muchas provincias, un maestro que inicia su carrera gana menos que la línea de pobreza. Los trabajadores de salud, educación y administración pública se enfrentan a recortes, congelamientos salariales y pagos en cuotas. Se les exige que sostengan servicios esenciales con salarios miserables, mientras se recortan presupuestos y se despiden empleados sin contemplaciones. La falta de negociación paritaria y el uso del “déficit cero” como dogma económico solo logra una cosa: un Estado que empobrece a quienes deberían ser su columna vertebral.
Jubilaciones: sobrevivir o medicarse
Los jubilados argentinos enfrentan una verdadera catástrofe humanitaria. El haber mínimo, que ronda los $200.000, no cubre la mitad de la canasta básica. Los bonos discrecionales que se otorgan de manera arbitraria no alcanzan a compensar la inflación. Peor aún: muchos mayores tienen que elegir entre pagar los servicios o comprar los medicamentos que les permiten vivir. Mientras tanto, los aumentos por decreto reemplazan a la movilidad jubilatoria y perpetúan la incertidumbre. El sistema previsional, en lugar de brindar seguridad, genera angustia.
Discapacidad: la desprotección total
Uno de los sectores más golpeados por el ajuste es el de las personas con discapacidad. El recorte no es solo presupuestario: es existencial. Miles de pensiones no contributivas han sido dadas de baja o suspendidas sin previo aviso, dejando a personas sin ningún ingreso. Otras están pendientes de resolución hace más de un año, atrapadas en una maraña burocrática inhumana. Los certificados de discapacidad (CUD), esenciales para acceder a servicios de salud, transporte, educación y terapias, se demoran o se niegan arbitrariamente. Además, muchas obras sociales y el Estado mismo han dejado de cubrir tratamientos esenciales, desde sesiones de kinesiología y fonoaudiología hasta sillas de ruedas, prótesis o medicamentos de alto costo.
Talleres protegidos: abandonados a su suerte
Los talleres protegidos de producción —espacios fundamentales para la inclusión laboral de personas con discapacidad— están en emergencia. Sin fondos, sin insumos, y con subsidios congelados o eliminados, muchos han tenido que reducir actividades o cerrar. Estos talleres no solo brindan trabajo digno: sostienen vínculos comunitarios, autoestima y autonomía. Su vaciamiento es una forma de exclusión brutal. En muchos casos, los municipios y provincias han intentado sostenerlos con recursos propios, pero sin ayuda nacional, la mayoría está al borde del colapso. El Estado, otra vez, mira para otro lado.
El ajuste no es neutral: tiene víctimas
Mientras el Gobierno nacional habla de eficiencia, ahorro y responsabilidad fiscal, millones de personas caen en la pobreza o la indigencia. No se trata de una crisis inevitable, sino de una elección política: ajustar sobre los que menos tienen para no tocar los intereses de los que más concentran. La crueldad institucional se manifiesta en cada beca que no se paga, en cada jubilación que no se actualiza, en cada pensión suspendida, en cada taller que cierra. El mensaje es tan claro como aterrador: para este modelo de país, los pobres, los viejos, los docentes y las personas con discapacidad no son prioridad. Son el costo a pagar.
