El incumplimiento del Estado nacional afecta a trabajadores con discapacidad de todo el país: llevan 4 meses sin cobrar. Las y los trabajadores de los talleres protegidos de los 236 talleres en todo el país, enfrentan la misma difícil situación: llevan más de cuatro meses sin cobrar. Referentes del sector indican que “el Estado no solo incumple la ley, sino que también les paga apenas 28 mil pesos mensuales cuando deberían cobrar el salario mínimo vital y móvil.
Por todo ello hacen un llamado urgente a visibilizar la grave crisis que atraviesan. Los Talleres Protegidos, espacios fundamentales para la inclusión laboral de personas con discapacidad, están atravesando una crisis económica que afecta a miles de trabajadores en todo el país. En las ciudades llevan meses sin recibir el pago de asistencia, dejando a los empleados en una situación de vulnerabilidad.
En diálogo con La Nación, Miguel Pizarro, referente de la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires, detalló el alcance de esta crisis: “Los talleres protegidos no reciben los fondos que les corresponden, lo que está generando consecuencias muy graves. La ley establece que los trabajadores deben recibir un pago mensual de 117.800 pesos, pero lo que realmente reciben es mucho menos, en algunos casos ni siquiera se alcanza el monto mínimo de 28.000 pesos. Esto está generando una crisis que afecta directamente a las familias que dependen de estos ingresos.”
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Este problema no es aislado. A nivel nacional, 236 talleres protegidos enfrentan la misma crisis. La falta de cumplimiento de la ley por parte del Estado ha dejado a miles de personas sin los pagos que les corresponden. Pizarro explicó: “Es una situación insostenible. Los talleres no reciben los fondos, los trabajadores no cobran, y las instituciones están al borde de cerrar. La ley está clara, pero no se cumple.”
“Es una situación muy difícil. Nosotros también estamos sin cobrar desde hace meses. No se trata de un sueldo, sino de un programa de asistencia, pero aún así, no nos cumplen con lo que establece la ley”, afirman. La lucha es aún mayor por el incumplimiento de la ley, que establece que los trabajadores de los talleres protegidos deben recibir un salario acorde al mínimo vital y móvil.
“Lo que luchamos es que la ley de talleres protegidos no se está cumpliendo. La ley dice que tienen que tener un salario vital y móvil. No estamos pidiendo nada más que lo que establece la normativa. La falta de cumplimiento es una doble injusticia”, subrayan. A pesar de la legislación que establece que los trabajadores de talleres protegidos deben recibir, al menos, el salario mínimo, la situación de impago está poniendo en peligro tanto la subsistencia de los talleres como la inclusión laboral de personas con discapacidad.
