En los debates sobre el rol del Estado en la sociedad, suelen emerger dos visiones contrapuestas: una que lo ve como un actor necesario para garantizar la justicia social y otra que lo percibe como un obstáculo para la libertad individual y el desarrollo económico. Sin embargo, hay experiencias concretas que permiten trascender esta dicotomía, mostrando que es posible un Estado activo, eficiente y al servicio del bienestar común sin caer en excesos de control o burocracia. Entre esos modelos se destacan dos países del hemisferio sur que, pese a su lejanía geográfica, han sido observados con atención por académicos, líderes políticos y organismos internacionales: Australia y Nueva Zelanda.
Ambas naciones, democracias consolidadas y prósperas, ofrecen ejemplos de lo que se podría llamar un Estado presente pero no omnipresente. Se trata de administraciones públicas capaces de brindar servicios esenciales de manera eficaz, reducir las desigualdades sociales, promover el crecimiento económico y, al mismo tiempo, garantizar libertades civiles y políticas. En lugar de basarse en grandes aparatos estatales o economías estatizadas, apuestan por instituciones sólidas, una cultura cívica desarrollada y políticas públicas inteligentes.
Pero, ¿cómo se materializa esta “presencia del Estado” en la vida cotidiana? ¿Qué mecanismos utilizan para garantizar derechos y servicios sin ahogar la iniciativa privada? ¿Qué lecciones pueden extraerse de sus modelos de gobernanza? En este artículo exploraremos estas preguntas a partir del análisis de las políticas sociales, económicas y administrativas que caracterizan a Australia y Nueva Zelanda, dos ejemplos actuales de que la eficiencia estatal no está reñida con la equidad ni con la libertad.
Cuando se habla de un “Estado presente”, muchas veces se piensa en su capacidad para intervenir en la economía, garantizar derechos sociales o brindar servicios públicos de calidad. En países como Australia y Nueva Zelanda, el concepto de un Estado presente se materializa de forma concreta en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Lejos de ser modelos de intervencionismo masivo, ambos países muestran cómo una administración eficiente, descentralizada y centrada en el bienestar puede lograr altos niveles de equidad social sin renunciar a un sistema económico de mercado.
1. Un Estado que cuida, sin asfixiar
Tanto Australia como Nueva Zelanda han sido históricamente modelos de un capitalismo moderado con fuerte influencia socialdemócrata. Esto se traduce en un Estado que interviene para corregir desigualdades, proteger a los sectores vulnerables y garantizar derechos básicos, pero sin caer en un burocratismo excesivo.
En Australia, por ejemplo, el sistema de salud pública Medicare cubre a toda la población, y aunque convive con un sistema privado, el acceso a servicios médicos básicos está asegurado. Nueva Zelanda tiene un modelo similar, donde el sistema de salud es financiado principalmente por impuestos y prioriza el acceso universal.
2. Educación y servicios públicos como pilares
Ambos países han hecho de la educación pública una prioridad nacional. En Nueva Zelanda, la educación primaria y secundaria es gratuita, y el gobierno invierte fuertemente en capacitación docente y recursos escolares. En Australia, además del acceso gratuito a la educación básica, existe un sistema de ayudas para la educación superior que permite a los estudiantes financiar sus estudios sin intereses hasta que alcancen cierto nivel de ingresos. Además, el transporte público, la planificación urbana y el acceso a servicios esenciales como agua potable y electricidad están fuertemente regulados por el Estado para asegurar equidad y sostenibilidad.
3. Un Estado cercano y descentralizado
Un rasgo distintivo del Estado en estos países es su proximidad al ciudadano. Esto se traduce en estructuras gubernamentales más simples, eficientes y transparentes. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el tamaño relativamente pequeño de la población ha permitido experimentar con formas de gobierno más directas y con fuerte participación ciudadana.
El país incluso cuenta con una Oficina del Defensor del Pueblo activa, que actúa ante reclamos de injusticia administrativa. Australia, por su parte, tiene un sistema federal donde los estados tienen amplias competencias, lo que permite adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de cada región, desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales y remotas.
4. Políticas laborales y bienestar
Uno de los aspectos donde más se nota la presencia del Estado es en el mundo laboral. En Nueva Zelanda, existe un salario mínimo alto en relación al costo de vida, políticas de licencia por paternidad y maternidad generosas, y una legislación clara para proteger a los trabajadores. En Australia, además, el sistema de bienestar incluye apoyos para desempleados, subsidios por hijos y ayudas específicas para personas con discapacidad o adultos mayores. Todo esto sustentado por una política fiscal progresiva y una cultura de cumplimiento tributario elevada.
5. El desafío de los pueblos originarios
A pesar de sus logros, ambos países todavía enfrentan desafíos en materia de equidad para sus pueblos originarios: los maoríes en Nueva Zelanda y los aborígenes en Australia. En ambos casos, ha habido avances importantes en el reconocimiento de derechos, tierras y cultura, pero aún persisten brechas significativas en salud, educación y vivienda que el Estado busca cerrar con políticas específicas.
Conclusión
Un Estado presente no es necesariamente uno que lo controle todo, sino uno que garantiza derechos, brinda servicios esenciales, protege a los más vulnerables y genera condiciones para que todos puedan desarrollarse. Australia y Nueva Zelanda son ejemplos modernos de cómo es posible construir sociedades más justas sin sacrificar la eficiencia ni el dinamismo económico. Su experiencia demuestra que la presencia estatal, cuando es transparente, eficiente y orientada al bienestar, puede ser un verdadero motor de progreso.
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