En Argentina, dos pilares fundamentales de la vida cotidiana —la atención médica y el transporte público interurbano— enfrentan una paradoja que se repite con distintas formas: la supuesta regulación de precios y servicios, en manos del Estado o de entes intermediarios, convive con una concentración del mercado que deja a millones de ciudadanos con opciones limitadas y servicios deficientes.
En ambos sectores se aplican acuerdos de precios que, en teoría, buscan proteger al usuario frente a los aumentos descontrolados. Sin embargo, en la práctica, estos acuerdos suelen responder a la lógica de grandes prestadores o empresas con poder de lobby, que imponen condiciones, fijan tarifas y terminan operando en regímenes cercanos al monopolio. El resultado: una competencia ficticia, una calidad de servicio cada vez más baja y usuarios que, en muchos casos, no tienen otra opción más que aceptar lo que hay.
En un país donde la inflación estructural erosiona constantemente el poder adquisitivo y donde las políticas públicas tienden a reaccionar más que a anticiparse, los acuerdos de precios sin un control real de mercado terminan siendo parte del problema. Y tanto en salud como en transporte, el problema no es sólo económico: se trata de derechos básicos que, por falta de regulación efectiva y exceso de concentración, se vuelven cada vez más inaccesibles para buena parte de la población.
Salud: precios acordados, servicios limitados
El sistema de salud argentino combina prestadores públicos, privados y obras sociales, lo que genera una compleja red de negociaciones. En los últimos años, los acuerdos de precios entre clínicas, sanatorios y obras sociales se volvieron una herramienta para “contener” la inflación médica. Sin embargo, lejos de representar una solución, estos acuerdos suelen derivar en restricciones: coberturas recortadas, copagos más altos y demoras en la atención.
Según datos del sector, muchos convenios se firman bajo presión, con valores que no alcanzan a cubrir los costos reales de prestación. Esto lleva a que muchos profesionales y centros de salud opten por cortar servicios, especialmente en el interior del país, donde la oferta es más reducida y depende en gran parte de estos acuerdos.
Además, algunos conglomerados médicos tienen el poder de imponer condiciones. Grandes sanatorios o cadenas de laboratorios pueden negociar en bloque y fijar precios de referencia que dejan afuera a pequeños prestadores, consolidando un virtual monopolio de facto.
Transporte interurbano: tarifas reguladas y falta de competencia
El transporte interurbano, vital para conectar pueblos y ciudades del interior, atraviesa un panorama similar. Las tarifas están reguladas por los gobiernos provinciales o el nacional, según el caso, pero en muchas regiones existe un único prestador, que suele operar con subsidios estatales. Esto genera una paradoja: el Estado sostiene a empresas que no enfrentan competencia y, por ende, tienen pocos incentivos para mejorar el servicio.
En provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Tucumán, el sistema de transporte interurbano ha sido denunciado por usuarios y legisladores por los altos precios, frecuencias escasas y unidades en mal estado. Aun así, las empresas dominantes logran sostenerse gracias a acuerdos con el Estado y a la falta de alternativas reales.
La concentración empresarial también es un problema: una o dos firmas controlan rutas estratégicas, lo que limita la posibilidad de que ingresen nuevos operadores al mercado. En los hechos, se trata de monopolios amparados por regulaciones que, en vez de fomentar la competencia, refuerzan la dependencia de los usuarios.
Dos sectores, una lógica
Aunque distintos, el sistema de salud y el transporte interurbano comparten una lógica: acuerdos de precios que no siempre reflejan la realidad del mercado, servicios concentrados en pocas manos, y un Estado que regula pero no garantiza la competencia ni la calidad. En ambos casos, los perjudicados son los mismos: los usuarios, que pagan más por servicios cada vez más precarios.
La salida no es sencilla, pero el debate debe darse: ¿cómo garantizar que los acuerdos de precios no sean una excusa para sostener privilegios? ¿Qué rol debe asumir el Estado para evitar monopolios y proteger a los ciudadanos? Mientras tanto, millones de argentinos siguen esperando atención médica o un colectivo que no llega. Y eso también es parte del problema.
De interés para suscriptores: Primeramente deseamos agradecerte que hayas llegado hasta aqui y asesorarte en caso no puedas ingresar o no recordás la contraseña. Haz clic en el ícono central para usuarios del menú inferior en tu móvil o superior en la PC y buscá la opción “iniciar sesión” y debes elegir “¿olvidaste la contraseña?” para que se te envíe un enlace a tu correo (puede ir a la carpeta spam o no deseado). Haz clic en el enlace y genera la contraseña nueva. Anótala por si la olvidas. También puede suceder y por motivos ajenos a ECOS que necesites ingresar nuevamente al sitio o recargar la página.
