La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención en la Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto propone incorporar al Código Penal figuras específicas para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños contra bienes vinculados con la producción agropecuaria. CARBAP destacó el avance legislativo y reclamó herramientas efectivas para proteger a productores, familias e instalaciones rurales.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su satisfacción por la aprobación de la iniciativa y sostuvo que representa un paso importante para fortalecer la seguridad en el ámbito agropecuario. En su pronunciamiento, la entidad remarcó que los establecimientos rurales necesitan una protección legal adecuada frente a hechos que afectan tanto la propiedad como el desarrollo de la actividad productiva.
La organización ruralista advirtió que la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones genera perjuicios económicos que exceden el valor material de los bienes afectados. Cada episodio puede comprometer meses de trabajo, inversiones y planificación, con consecuencias para productores y trabajadores. Por eso, consideró necesario avanzar hacia un marco normativo que permita prevenir estos hechos y establecer sanciones proporcionales a su gravedad.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la incorporación de sanciones por violación de domicilio rural. El texto establece penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La sanción podrá alcanzar los dos años si la intrusión obstaculiza la producción o genera riesgos concretos para personas, animales o cultivos.
En cuanto a los ataques contra bienes agropecuarios, el proyecto contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado por la destrucción de silobolsas u otros productos vinculados …
… con el proceso productivo. Las sanciones podrán elevarse hasta diez años cuando intervengan tres o más personas coordinadamente y se provoque la pérdida total de la producción en curso o se impida continuar el ciclo productivo.
La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO, y recibió modificaciones consensuadas con el legislador Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador. El debate incorporó cambios al dictamen original con el propósito de precisar las sanciones y evitar contradicciones con las penas ya previstas en el Código Penal. El resultado fue un texto que reunió apoyos de distintos bloques y avanzó con una mayoría amplia en la Cámara baja.
El resultado de la votación reflejó diferencias entre los bloques parlamentarios. La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otras fuerzas acompañaron la iniciativa, mientras que el grueso de Unión por la Patria, la izquierda y otros sectores la rechazaron. El único voto de abstención correspondió al diputado Luis Basterra, de Unión por la Patria y exministro de Agricultura de la Nación. El proyecto deberá continuar ahora su tratamiento en el Senado.
Para CARBAP, la aprobación representa un avance en una demanda histórica del sector agropecuario, aunque el desafío será contar con herramientas legales que se traduzcan en una protección efectiva. La entidad insistió en que la seguridad rural no debe quedar subordinada a las diferencias partidarias y convocó a sostener el trabajo legislativo para resguardar la propiedad, la producción y a quienes viven y trabajan en el campo.
La confederación sintetizó su postura con una definición que busca trascender el debate parlamentario: “El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”. Detrás de cada tranquera, señaló, existen personas, familias, inversiones y años de esfuerzo que merecen respeto. La discusión continuará en el Congreso, donde se definirá si las nuevas figuras penales se convierten en ley y bajo qué condiciones se aplicarán las sanciones previstas.
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