Intendentes de partidos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones comenzaron a anunciar que llevarán el conflicto por la eliminación del subsidio de Zona Fría a la Justicia, tras la sanción senatorial que restringió el régimen a la Patagonia, Malargüe y la Puna. La medida, convertida en ley con 38 votos a favor y 8 en contra, deja fuera del descuento automático en la factura de gas a 94 distritos bonaerenses y a unos 1,24 millones de hogares en la provincia, según estimaciones difundidas por medios y funcionarios.
La reforma retrotrae el criterio territorial del subsidio a sus parámetros originales y redefine la base de cálculo del descuento, de modo que solo conservan el beneficio los usuarios que residan en zonas frías “históricas”: Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. En la provincia de Buenos Aires, el único municipio que permanece dentro del régimen es Patagones, por su pertenencia formal a la Patagonia; el resto de los 94 distritos, incluidos los del sudoeste, quedan excluidos del subsidio automático.
Entre los partidos afectados figuran Bahía Blanca y todo el bloque del sudoeste bonaerense: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General La Madrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino. También pierden el beneficio localidades de la costa y el interior como General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Azul y Pergamino, entre otras.
Frente a este escenario, varios intendentes de distritos afectados comenzaron a trabajar en acciones legales para frenar la aplicación de la ley o conseguir una interpretación que mantenga el subsidio. En Bahía Blanca, el ejecutivo municipal ya envió un proyecto al Concejo Deliberante para que los ediles lo autoricen a litigar contra el Estado nacional por la quita del beneficio de Zona Fría. Según trascendidos, la estrategia incluye tanto acciones individuales de cada municipio como posibles amparos colectivos que agrupen a varias ciudades, en particular de la quinta sección electoral y de la región costera.
Por otro lado, se dieron duras críticas del intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate al Congreso anunciando además que el municipio irá a la Justicia por la ley de Zona Fría. El funcionario volvió a cuestionar la quita de descuentos en las tarifas de gas para los hogares de Tres Arroyos y otras localidades de la región.En sus redes sociales, el intendente de Tres Arroyos publicó al respecto: “Tres Arroyos fuera de la zona fría. Otro golpe más para los vecinos. Es fácil decidir desde un Congreso calentito, sentado en una banca, cuánto tiene que pagar una familia que atraviesa el invierno en Tres Arroyos”, señaló.
Dirigentes municipales y legisladores bonaerenses sostienen que la eliminación del régimen ampliado, incorporado en 2021, implica un aumento tarifario significativo para hogares y comercios de zonas que, si bien no son patagónicas, tienen inviernos rigurosos y costos energéticos elevados. En reuniones con senadores y en declaraciones públicas, los intendentes combinaron el reclamo político con la advertencia de que, de no haber modificaciones, la vía judicial será el siguiente paso para defender el beneficio.
A nivel nacional, la reforma alcanzaría a unos 3,35 millones de usuarios que verán modificada su factura de gas por la pérdida del descuento de Zona Fría. En la provincia de Buenos Aires, el impacto se concentra en los 94 municipios excluidos, donde viven aproximadamente 1,24 millones de hogares que hasta ahora accedían al subsidio de manera automática. Aunque el monto exacto del aumento variará según el consumo, la categoría tarifaria y la localidad, los cálculos preliminares apuntan a un encarecimiento relevante para familias y pequeños comercios de ciudades intermedias y partidos rurales.
Algunos medios destacan que, aun fuera del régimen general, ciertos usuarios podrían acceder a subsidios focalizados si cumplen con los criterios de vulnerabilidad socioeconómica que defina el Gobierno nacional, aunque esto no reemplaza el beneficio territorial que tenían hasta ahora. En ese contexto, los municipios buscan que la Justicia considere la razonabilidad de la medida y sus efectos sobre el acceso a un servicio esencial en regiones con climas fríos.
Coronel Suárez, junto al resto de los partidos del sudoeste bonaerense, integra el grupo de distritos que perderán el descuento por Zona Fría y que ahora evalúan o anuncian acciones judiciales contra el Estado nacional. Para intendentes de la región, la quita del beneficio no es solo un tema tarifario, sino una cuestión de equidad territorial, dado que consideran que sus localidades tienen condiciones climáticas y productivas que justifican un tratamiento especial en materia de gas.
La ofensiva judicial que comienzan a articular estos municipios busca, en primera instancia, obtener medidas cautelares que suspendan la aplicación de la ley en sus distritos mientras se debate el fondo de la causa. Si la estrategia prospera, podría abrir un precedente para otros partidos bonaerenses afectados y forzar una revisión del nuevo esquema de subsidios al gas natural.
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