La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los requisitos establecidos para los vehículos que circulan por las calles y rutas bonaerenses. La normativa provincial contempla la revisión de las condiciones técnicas de circulación del parque automotor y establece sanciones para quienes transiten sin haber cumplido con la inspección obligatoria.
En ese contexto, comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos de vecinos que observan vehículos afectados a distintos servicios municipales circulando, según denuncian, sin la correspondiente oblea de VTV vigente. El reclamo plantea una cuestión que excede la discusión sobre una infracción: si el Estado exige determinadas condiciones de seguridad a los particulares, también debería garantizar que sus propias unidades las cumplan.
La legislación bonaerense establece que circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria constituye una infracción sancionable con entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF). La propia página oficial de la VTV de la Provincia mantiene esa referencia normativa, mientras que el sistema de infracciones actualiza periódicamente el valor económico de la UF.
Con el valor vigente de la Unidad Fija informado por la Provincia, la sanción puede representar una suma considerable para cualquier conductor. Para julio y agosto de 2026, por ejemplo, el valor informado fue de $2.271 por UF, llevando el rango de la multa por circular sin VTV a cifras que podían superar los dos millones de pesos. El monto, por lo tanto, no resulta menor frente a la economía de una familia.
La controversia adquiere otra dimensión cuando los vehículos cuestionados pertenecen a municipios y son utilizados para tareas de mantenimiento, obras, servicios públicos, seguridad urbana, traslado de personal u otras actividades oficiales. No se trata solamente de determinar si existe una infracción administrativa, sino de establecer quién controla periódicamente esas unidades y qué mecanismos existen para impedir que un vehículo estatal circule en condiciones técnicas que no hayan sido verificadas.
Además, existe una diferencia que puede alimentar parte de la confusión pública: la normativa y el sistema de VTV contemplan situaciones particulares para determinados vehículos, y en distintos municipios aparecen registros oficiales relacionados con verificaciones de unidades municipales.
Por eso, la sola observación de que un vehículo oficial no exhiba una oblea no alcanza para afirmar automáticamente que se encuentra en infracción.
Sin embargo, esa aclaración no elimina el reclamo de fondo. El propio Gobierno bonaerense sostiene que la VTV tiene como objetivo verificar las condiciones técnicas de los vehículos y advierte que circular con la revisión vencida puede derivar en sanciones. El sistema oficial permite, además, consultar las verificaciones realizadas mediante patente u oblea, lo que brinda una herramienta concreta para comprobar la situación de cada unidad.
La discusión también pone sobre la mesa una cuestión de igualdad ante las normas. Un ciudadano que circula sin VTV puede ser detenido, sancionado y afrontar una multa elevada, mientras que un vehículo perteneciente a una administración pública debería estar sometido a controles igualmente rigurosos. La responsabilidad estatal no debería interpretarse como una excepción al cumplimiento de las condiciones de seguridad vial.
En este escenario, los reclamos vecinales plantean una pregunta sencilla pero relevante: ¿quién controla a los vehículos municipales? La respuesta debería surgir de información pública y verificable, con registros actualizados de las unidades, sus patentes, fechas de vencimiento de la VTV y estado de cada revisión. La transparencia permitiría despejar dudas y evitar que una percepción ciudadana termine transformándose en una acusación sin fundamentos.
El debate, por lo tanto, no debería reducirse a una confrontación entre vecinos y municipios. Si existen vehículos oficiales que efectivamente circulan sin la revisión obligatoria, corresponde determinar responsabilidades y regularizar la situación. Si, en cambio, algunas unidades poseen un régimen particular o se encuentran correctamente verificadas aunque ello no resulte visible para los vecinos, las administraciones deberían explicarlo públicamente.
La cuestión de fondo es la seguridad vial. La VTV no constituye solamente un trámite burocrático ni una herramienta destinada a generar multas: su finalidad es comprobar que los vehículos que circulan se encuentren en condiciones técnicas adecuadas. Ese principio debería aplicarse con el mismo criterio a los automóviles particulares, comerciales y oficiales que diariamente comparten calles, avenidas, caminos y rutas de la provincia.
Fuentes: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, normativa provincial de tránsito, sitio oficial de VTV e InfraccionesBA; además de referencias periodísticas de alcance nacional y registros del Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM).
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