Una nueva resolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) abrió una fuerte controversia entre los viveristas bonaerenses. La Resolución 424/2026 actualiza el sistema de rotulado e identificación del material de propagación y dispone que determinadas especies lleven un rótulo adherido a cada unidad comercializada. El objetivo oficial es reforzar la trazabilidad, aunque el sector cuestiona la aplicación práctica de la medida.
La disposición fue publicada el 6 de agosto y alcanza al grupo de frutales del Registro Nacional de Cultivares, ejemplares forestales destinados a ornamentación, parquización y jardinería, y materiales del género Rosa. Para los materiales de Clase Fiscalizada se incorpora el QR como mecanismo de identificación. En el caso de los cítricos, reemplaza la estampilla oficial por el código digital.
Según el INASE, el nuevo sistema busca adaptar la regulación a las herramientas tecnológicas actuales, facilitar los controles y permitir que fiscalizadores y compradores consulten la trazabilidad mediante una aplicación. Los rótulos deberán ser resistentes y legibles e incluir datos sobre especie, cultivar, portainjerto, año de producción, origen y responsable, entre otros datos exigidos por la normativa nacional vigente.
El problema aparece al trasladar la exigencia a la escala productiva de San Pedro. El ingeniero agrónomo Pablo Ojea, referente técnico de la actividad, sostuvo que un vivero bien organizado puede producir entre 250.000 y un millón de plantas por año. La obligación de identificar individualmente cada ejemplar implica, según advirtió, un volumen de trabajo que vuelve la operatoria prácticamente imposible.
La región de San Pedro concentra, de acuerdo con los representantes del sector citados por medios locales, alrededor del 80% de la producción nacional de plantas de vivero. La magnitud explica la preocupación de los productores, que no cuestionan necesariamente la trazabilidad, sino el mecanismo elegido para instrumentarla. La escala productiva transforma una etiqueta individual en una tarea masiva y costosa.
Ojea también advirtió sobre el costo de los materiales y la falta de proveedores preparados para responder a la nueva demanda. Las etiquetas deben soportar transporte, almacenamiento y exposición al sol sin perder legibilidad. A esa exigencia se suma la mano de obra necesaria para colocarlas y controlar el proceso, un costo que los viveristas consideran difícil de absorber y que podría trasladarse a la comercialización.
Otro punto señalado por el sector es la circulación de las plantas entre establecimientos. Si un vivero compra ejemplares a otro para luego comercializarlos, pueden aparecer nuevas exigencias de identificación y rotulado. Desde la actividad advierten que esto puede complicar la distribución y generar tareas adicionales, especialmente en una cadena donde las plantas pasan por distintas etapas antes de llegar al consumidor final.
La Cámara de Viveristas planteó formalmente al INASE la necesidad de mantener una reunión informativa para analizar la implementación. Ojea cuestionó además que el sector no haya sido consultado previamente y remarcó que históricamente los viveristas participaron de intercambios con las autoridades antes de introducir cambios de este tipo. La discusión ahora se concentra en cómo hacer viable la normativa sin afectar la actividad.
La resolución establece un plazo de 120 días corridos desde su publicación para que los operadores adapten etiquetas y procesos. El INASE sostiene que la actualización permitirá mejorar la calidad, identidad y trazabilidad del material vegetal, mientras los viveristas reclaman revisar la forma de aplicación. El desafío será compatibilizar un mayor control sanitario y comercial con una operatoria posible para una actividad productiva de gran escala.
La discusión, en definitiva, no gira solamente alrededor de un código QR. Para el organismo nacional, la digitalización permite modernizar controles y brindar información sobre el origen y recorrido del material vegetal. Para los viveristas de San Pedro, en cambio, el problema está en llevar ese mecanismo a cientos de miles de ejemplares. La respuesta podría depender de una adaptación que preserve la trazabilidad sin multiplicar costos y tareas.
Fuentes consultadas: Instituto Nacional de Semillas (INASE), Resolución 424/2026 y comunicado oficial; La Opinión Semanario de San Pedro; LaNoticia1. La norma oficial puede consultarse en el sitio de Argentina.gob.ar.
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